El próximo 28 de julio será una fecha clave en uno de los procesos judiciales más mediáticos de Colombia: el que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza del caso anunciará el sentido del fallo, una decisión que podría marcar un hito político y jurídico en el país. En medio de la expectativa, Uribe ha iniciado una estrategia comunicativa a través de videos en los que expone su versión de los hechos y reitera su inocencia frente a las acusaciones que lo vinculan con la supuesta manipulación de testigos.
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Uno de los elementos más controvertidos del proceso ha sido el uso de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. Según el exmandatario, estas grabaciones no prueban ninguna intención de su parte para interferir en la justicia. “¿Quién lo creyera? Más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono, en ninguna parte aparece que yo haya tomado la iniciativa de buscar testigos para desacreditar al senador Cepeda”, afirma en uno de sus más recientes videos. También insiste en que jamás ordenó pagarle a nadie ni encubrir a ningún testigo, ni mucho menos mentir ante la justicia.
¿Cuándo se realizaron estas interceptaciones?
Las interceptaciones fueron realizadas dentro de un auto judicial que autorizaba la escucha del entonces congresista Nilton Córdoba. Sin embargo, desde la primera llamada quedó claro que la voz captada era la de Uribe, una de las más reconocidas del país. A pesar de que el analista del CTI, Óscar Álvarez, advirtió a sus superiores sobre el error, las escuchas continuaron. Según su testimonio, informó inmediatamente que el abonado interceptado no era Córdoba, sino Uribe. En la cadena de mando, dice que notificó tanto a la gerente del caso, Clara López, como al magistrado auxiliar Iván Cortés.
La defensa de Uribe ha argumentado que estas grabaciones no deberían tener validez jurídica debido a su origen irregular. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá decidió mantenerlas como pruebas válidas dentro del proceso penal, una decisión que aumentó la controversia en torno al caso.
Como parte de su defensa pública, Uribe también se ha pronunciado contra un informe próximo a ser emitido por el noticiero Noticias Uno, que, según él, se basa en otro “montaje”. En su cuenta de X, advirtió que el noticiero se apoya en dos testigos que lo acusan de haber intervenido para frenar una diligencia de la DIAN contra la empresa textil Tierra Santa en 2019. Uribe rechaza categóricamente estas afirmaciones y sostiene que se trata de una nueva maniobra para desprestigiarlo políticamente a través de la justicia.
A medida que se acerca la fecha del fallo, la opinión pública sigue dividida. Mientras unos consideran que el proceso evidencia la solidez de la justicia colombiana, otros creen que se trata de una persecución política. Uribe, por su parte, insiste en que no ha cometido delito alguno y que su único interés ha sido defender su nombre y honor ante lo que califica como una infamia sin límites. El 28 de julio, el país sabrá cuál será el próximo capítulo de esta historia.
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