La aprobación en último debate de la Ley Jineth Bedoya Lima abre paso a una nueva obligación para el Estado colombiano: capacitar a servidores públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas en la atención de violencias contra las mujeres, derechos humanos y enfoque de género.
El proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado y queda en su etapa final para convertirse en norma. Su propósito es que las entidades públicas cuenten con personal preparado para atender a mujeres víctimas sin reproducir prácticas que puedan profundizar el daño o afectar el acceso a la justicia. La iniciativa establece que la formación deberá ser obligatoria, permanente y evaluable.
Una medida para prevenir la revictimización
El proyecto apunta a uno de los problemas que enfrentan muchas víctimas cuando acuden al Estado: la revictimización institucional. Esta puede presentarse cuando una mujer no recibe una atención adecuada, cuando se minimiza su denuncia o cuando los funcionarios actúan sin enfoque de derechos.
La ley cobijará a entidades como la Fiscalía, Medicina Legal, comisarías de familia, centros de salud, Rama Judicial, Fuerza Pública, autoridades territoriales y contratistas vinculados con la atención de estos casos.
Con esta medida, el Congreso busca fortalecer la respuesta institucional y garantizar que las mujeres reciban orientación y acompañamiento desde el primer contacto con las autoridades.
Respuesta a una orden internacional
La Ley Jineth Bedoya Lima también está relacionada con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia.
En esa sentencia, el tribunal internacional ordenó al Estado colombiano adoptar medidas de no repetición, entre ellas procesos de formación para funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia sobre violencias basadas en género, especialmente cuando afectan a mujeres periodistas.
Jineth Bedoya Lima fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo de 2000, cuando adelantaba una investigación periodística sobre tráfico de armas en la Cárcel Modelo de Bogotá. Su caso derivó en una condena internacional contra el Estado colombiano y en compromisos para mejorar la protección y atención a las víctimas.
El reto será la implementación
Aunque la aprobación del proyecto representa un avance normativo, el principal desafío estará en su aplicación. La efectividad de la ley dependerá de que las capacitaciones lleguen a las entidades públicas, sean evaluadas y se traduzcan en mejores prácticas de atención.
Con la entrada en vigencia de la Ley Jineth Bedoya Lima, el Estado tendrá la obligación de avanzar en una atención institucional más preparada, con enfoque de género y orientada a evitar que las víctimas vuelvan a ser afectadas dentro de los procesos de denuncia, protección o búsqueda de justicia.
