Fiscal cuestiona proyecto para cultivadores de coca

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuestionó fuertemente el proyecto del gobierno que ofrece oportunidades y beneficios a los pequeños cultivadores de coca.

Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos replicó afirmando que el Fiscal interpreta mal el proyecto de pequeños cultivadores de coca, advirtiendo que si la iniciativa no es aprobada, tendrían que ir a la cárcel 400.000 personas.

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No es la primera vez que Néstor Humberto Martinéz da a conocer sus reparos frente a los tramites que se adelantan desde la Casa de Nariño. Esta vez el turno fue para el proyecto de ley que promueve un trato diferencial para los pequeños cultivadores de coca en el país. Proyecto al que Martinéz respondió asegurando que es un retroceso en la lucha antinarcóticos y aseguró que no es un tratamiento penal diferenciado sino "arrodillado".

“La Fiscalía se declara aterrada. En medio del boom de los narcocultivos en Colombia no es posible debilitar la política antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta en un 80% para quienes hagan cultivos ilícitos”, señaló.

El presidente Santos no tardó en salir en defensa de esta iniciativa asegurando que el fiscal esta mal informado puesto que "no es cierto que se esté abriendo la puerta para que grandes cultivadores estén cobijados".

Santos señaló que no apoyar esta iniciativa es cerrarle la puerta a un proyecto cobijaría a más de 100.000 pequeños cultivadores que han sido explotados por las mafias y que hoy solo buscan una oportunidad. "Oponerse a esta ley es no darle la oportunidad, no solo a estos campesinos de encontrar una nueva vida legal, sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país". [single-related post_id="773313"]

¿En qué consiste el cuestionado proyecto?

Según el gobierno se trata de una alternativa para no confrontar a los campesinos cocaleros que son la figura más débil en la cadena del narcotráfico, puesto que a lo largo de la historia han sido instrumentalizados por los grupos armados en función de su economía. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero señaló que la idea es proponerles una alternativa a estos campesinos a cambio de que renuncien a los cultivos ilícitos y se acojan a programas de sustitución voluntaria. Si cumplen con ello, ya no estarían en la mira de las autoridades y recibirían un tratamiento penal diferencial. De esta manera, explicó Gil, se beneficiaría a cerca de 100 mil familias cocaleras. [single-related post_id="773140"] Podrán acogerse a este proyecto los campesinos con cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana  y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola. “Los pequeños cultivadores deben manifestar su intención de terminar con esta actividad ilegal y acogerse a programas de sustitución. Para ello, tienen dos meses en los que se verificará su no reincidencia para proceder a la extinción de la acción penal (…) Tienen un año para acogerse a los programas y firmar compromisos. Y, para acabar con los cultivos tendrán un plazo de 45 días”, manifestó el ministro a Blu Radio.