En un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana, la Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez por tres graves delitos: fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.
La petición se realizó durante los alegatos finales del juicio oral que se adelanta en contra del exmandatario, acusado de manipulación de testigos para favorecer su situación jurídica.
La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, fue enfática al presentar su solicitud ante la jueza del proceso: “Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles”, declaró durante la audiencia.
Según la representante del ente acusador, “las pruebas practicadas han sido concluyentes” para demostrar que Uribe participó de manera directa, aunque a través de terceros, en un entramado que buscaba alterar versiones testimoniales y deslegitimar a opositores políticos mediante prácticas ilegales.
¿Cuáles son los delitos por los que se pide condena?
1. Fraude procesal
El delito de fraude procesal implica inducir en error a una autoridad judicial mediante la presentación de pruebas falsas o manipuladas. En este caso, la Fiscalía argumenta que Uribe habría promovido la obtención de testimonios supuestamente falsos de exparamilitares, con el fin de desvirtuar acusaciones que lo vinculaban con estructuras armadas ilegales. Estos testimonios, según la acusación, fueron luego presentados en distintos escenarios judiciales para incidir en decisiones que lo favorecieran.
2. Soborno
El soborno, como figura penal, se configura cuando una persona ofrece o entrega dádivas a otra con el fin de alterar su comportamiento, generalmente en un contexto institucional o judicial. La Fiscalía sostiene que personas cercanas a Uribe ofrecieron beneficios económicos y jurídicos a testigos, con el objetivo de que modificaran o mintieran en sus declaraciones. Aunque el expresidente no habría entregado directamente estos incentivos, sí habría tenido conocimiento y participación determinante en la estrategia.
3. Soborno en actuación penal
Este delito específico se refiere a actos de soborno orientados a incidir directamente en un proceso penal. En la acusación presentada, la Fiscalía señala que varios testigos fueron abordados en contextos de procesos judiciales abiertos, y que su colaboración se logró a través de presiones o promesas. Para la fiscal Orjuela, existe evidencia sólida de que Uribe actuó como autor intelectual de esta operación de manipulación judicial.
Un juicio que marca la historia del país
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe ha sido seguido con atención tanto a nivel nacional como internacional, no solo por el perfil del acusado, sino por las implicaciones políticas y jurídicas que tiene el caso. Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y posteriormente fue senador, ha mantenido su inocencia y ha señalado que es víctima de una persecución judicial motivada por razones políticas.
Sin embargo, la fiscal Orjuela fue enfática al aclarar que el caso ha seguido un curso estrictamente jurídico. “La evidencia es objetiva, los testimonios han sido contrastados, y las actuaciones han respetado todas las garantías del debido proceso”, aseguró.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras esta solicitud formal de condena por parte de la Fiscalía, corresponde ahora a la jueza del caso analizar los alegatos de conclusión tanto de la defensa como de la Procuraduría y emitir una decisión. Se espera que el fallo sea anunciado en los próximos meses.
En caso de que Uribe sea declarado culpable, sería la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente por delitos cometidos tras dejar el poder. El impacto político de una eventual condena será profundo, no solo por su legado como figura clave del uribismo, sino por las implicaciones que puede tener para el futuro del sistema judicial y político en Colombia.
