La decisión del Gobierno Nacional de romper la regla fiscal, responde a un presupuesto que no está dentro de lo alcanzable sin necesidad de romperla. Esto podría traer una serie de consecuencias para el país, que ya venía en crisis fiscal desde el mandato de Iván Duque.
El anuncio lo hizo el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Activó la cláusula de escape de la regla, lo que permitirá al gobierno endeudarse más allá de los límites legales por al menos tres años. Aunque esta cláusula ya se había usado durante la pandemia del COVID-19, es la primera vez que se invoca sin una crisis externa como respaldo.
La situación, reconocida por el propio gobierno como un “día del juicio final”, implica que el Estado ya no tiene cómo cubrir compromisos básicos sin endeudarse aún más: desde el funcionamiento de hospitales, hasta el pago de pensiones y salarios públicos.
Una herencia difícil, una apuesta arriesgada
Hay consenso entre expertos y exfuncionarios de Hacienda: el gobierno Petro heredó unas finanzas debilitadas por Iván Duque. La pandemia, el paro nacional de 2021 y decisiones como el millonario préstamo con el FMI elevaron la deuda pública de 28% a casi 60% del PIB. El déficit estructural también creció, en parte por el enorme hueco que dejó el Fondo de Estabilización de los Combustibles (Fepec), con un saldo cercano a los 37 billones de pesos cuando Petro asumió el poder.
Pero aunque Petro recibió un país con cifras complicadas, optó por avanzar con un presupuesto muy ambicioso. El primer intento de ponerle freno fue con la llegada de José Antonio Ocampo al Ministerio de Hacienda. Su reforma tributaria de 2022, la más grande en décadas, buscó aumentar el recaudo quitando exenciones y cobrando más impuestos a personas de altos ingresos y a la industria petrolera. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó partes claves de esa reforma, y los ingresos no alcanzaron las metas proyectadas.
Además, la tensión interna creció. Ocampo fue reemplazado en 2023 por Ricardo Bonilla, un economista más afín al proyecto político de Petro. Con él llegaron cambios en el equipo técnico, y se profundizó el divorcio entre la realidad fiscal y las proyecciones del gobierno.
Cuentas alegres y presión presidencial
Según exfuncionarios, como los exdirectores de la DIAN Luis Carlos Reyes y Jairo Villabona, el presupuesto para 2024 se construyó sobre proyecciones infladas. Se sobrestimaron los ingresos esperados y el crecimiento económico, lo que permitió justificar un gasto altísimo sin romper –al menos en el papel– la regla fiscal.
Reyes relató a La Silla Vacía cómo se aprobó un plan financiero a sus espaldas, durante un viaje suyo a Armenia. Asegura que fue presionado para aceptar metas de recaudo irreales y que se incurrió en “doble contabilidad” al inflar ingresos esperados para cuadrar las cuentas. A esto se suma que muchos rubros del presupuesto, como las pensiones militares o las transferencias del Sistema General de Participaciones, crecen automáticamente sin que el gobierno pueda modificarlos.
Mientras tanto, el déficit seguía aumentando, el crecimiento económico fue menor al esperado (0,7% en 2023) y la deuda se acercaba a niveles de pandemia. La decisión de activar la cláusula de escape era solo cuestión de tiempo.
¿Y ahora qué?
Con la regla fiscal rota y una nueva reforma tributaria de más de 20 billones de pesos sin mayor posibilidad política de aprobación en el Congreso, el margen de maniobra del gobierno se reduce drásticamente. El impacto no será inmediato, pero sí profundo: la confianza de inversionistas está en juego, y el país tendrá que enfrentar ajustes duros en los próximos años.
Esta crisis, que mezcla la herencia de un gobierno con la audacia fiscal del siguiente, deja una lección amarga: sin un sistema tributario robusto y sin disciplina presupuestal, ni el proyecto más ambicioso ni el Estado más comprometido podrán sostenerse a largo plazo.
La regla fiscal fue creada precisamente para evitar este desenlace. Hoy, al romperse, no solo deja en evidencia las fallas estructurales de las finanzas públicas colombianas, sino también los límites de gobernar con deseos más que con números.
