Una nueva controversia política se desató luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara el presunto uso indebido de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para una reunión de simpatizantes de la campaña presidencial de Iván Cepeda, en el departamento del Atlántico. El inmueble señalado es la finca El Hatillo, ubicada en el municipio de Baranoa, la cual se encuentra bajo medidas cautelares que restringen su utilización.
La congresista de la Alianza Verde cuestionó el hecho a través de sus redes sociales, donde aseguró que los bienes incautados al narcotráfico no pueden convertirse en sedes de actividades políticas. “Casas del narcotráfico ahora convertidas en sedes de campaña del petrismo”, escribió Miranda, quien agregó que “bienes incautados, con restricciones legales, están siendo usados para hacer política”.
Miranda sostuvo que existe una contradicción entre el uso de este tipo de predios y los valores éticos que, según ella, han defendido sectores del actual Gobierno. “El cambio prometía ética, pero terminó usando hasta la finca de los narcos”, afirmó, al tiempo que recordó que los bienes administrados por el Estado “no son cuarteles de campaña”.
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El encuentro cuestionado se habría realizado el pasado 10 de enero de 2026 y fue divulgado en redes sociales por cuentas afines al Pacto Histórico en el Atlántico. Según se conoció, la reunión tuvo lugar en un quiosco de palma dentro de la finca El Hatillo y habría sido convocada para conformar el comité agrario de la campaña “Iván presidente”.
El predio, con matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario Julio César Polanía, asesinado y señalado por presuntos vínculos con estructuras paramilitares. Actualmente, el bien permanece bajo la administración de la SAE y es gestionado de manera provisional por la asociación Asoagro, presidida por Nelson Viloria Larios.
Tras la denuncia, el candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que no tenía conocimiento del evento y que para la fecha en la que se realizó la reunión se encontraba fuera del país. Asimismo, afirmó que no autorizó el uso de su imagen ni la realización de actividades políticas en dicho predio y sostuvo que, de haber estado al tanto, habría impedido el encuentro.
Viloria, por su parte, negó inicialmente el carácter político del evento, señalando que la reunión se centró en analizar la reforma agraria y comparar propuestas. No obstante, reconoció que se abordaron ideas planteadas por Iván Cepeda en ese tema. “Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de Iván Cepeda”, explicó.
La polémica también generó reacciones de otros sectores políticos. La candidata presidencial Vicky Dávila solicitó explicaciones al aspirante del Pacto Histórico y calificó el hecho como un “escándalo electoral”, al considerar que una finca en poder del Estado habría sido usada para una reunión política.
De acuerdo con información divulgada por el medio Semana, la normativa vigente prohíbe el uso de bienes administrados por la SAE en actividades políticas, limitando su destinación a fines productivos. El caso ha reavivado el debate sobre la legalidad y la transparencia en el manejo de los bienes incautados por el Estado y su posible utilización con fines partidistas.
