La Procuraduría General de la Nación indicó que comenzará una indagación preliminar a los ministros firmantes del decreto con el que se llevará a cabo la convocatoria de la consulta popular. Esto pese a la decisión del Senado de hundir la propuesta. Con esto se busca determinar si los firmantes habrían incurrido en un presunto prevaricato.
La entidad precisó que “debido al fuero de los ministros la investigación la adelantará la Sala Disciplinaria de Instrucción”, también recuerdan que actualmente “interviene en dos procesos que se siguen en el Consejo de Estado contra el acto de votación del Senado de la República del 14 de mayo de 2025, que rechazó la solicitud de la consulta popular presentada por el gobierno nacional”.
Es necesario recordar que el presidente, Gustavo Petro, llevó a cabo la firma del decreto con el que busca que las votaciones a favor de la reforma laboral que propuso su bancada, se lleven a cabo el próximo 7 de agosto. Esta iniciativa tiene 12 preguntas sobre las modificaciones a la estructura del trabajo en el país.
¿Por qué investigan a los ministros?
Esto se da porque, según el Ministerio Público, el pasado 12 de junio de 2025, tres ciudadanos “presentaron queja disciplinaria contra los ministros que suscribieron el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, “por el cual se convoca a una consulta popular y se dictan otras disposiciones”, acto que califican como contrario a la Constitución y la ley. A voces de los quejosos, “esta actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política, afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario público, y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud, pese a advertencias públicas y reiteradas de múltiples voces autorizadas del mundo jurídico””.
Continúan indicando que “En el mismo documento, se hace una breve exposición del contexto en el que se dio la presunta conducta irregular; así, se narra que, el 1 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional radicó, ante la Secretaría del Senado de la República, una propuesta de convocatoria de una consulta popular, la que fue remitida para estudio, discusión y votación en la plenaria, según lo previsto en la Ley 1757 de 2015, la que fue votada negativamente por el Senado, el 14 de mayo de 2025, trámite que se calificó de fraudulento e invalido”.
Señalan que a pesar de todos los anuncios, el pasado 11 de junio se “expidió el decreto mediante el cual se convoca a la consulta popular, habiendo una manifestación previa del presidente de la república en el sentido de que cualquier ministro que se negara a suscribir la convocatoria sería destituido. De acuerdo con la queja, aunque el decreto que hoy se cuestiona reconoce que el legislativo se pronunció negando la consulta, acude a la figura de la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar esa decisión”.
¿Qué ministros tendrán indagación previa?
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Armando Benedetti, Ministro del Interior.
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Rosa Yolando Villavicencio, ministra encargada de Relaciones Exteriores
- Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito público
- Augusto Alfonso Ocampo Camacho, ministro de Justicia encargado
- Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa
- Martha Viviana Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud
- Antonio Eresmid Sanguino, ministro de Trabajo
- José Luciano Saní, ministro de Minas y Energía encargado
- Diana Marcela Morales, ministra de Comercio
- José Daniel Rojas, ministro de Ambiente encargado
- Christian David Díaz, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado
- Helga María Rivas, ministra de Vivienda
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
- Yanai Kadamani Fonrodona, ministra de Cultura
- Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte
- Ángela Yesenia Olaya, ministra de Ciencia
- Carlos Alfonso Rosero, ministro de igualdad
Entretanto, la denuncia no incluye a Laura Sarabia, canciller; tampoco a Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Lena Estrada, ministra de Ambiente y Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Ya que, ellos no firmaron el decreto.
