La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra cuatro exfuncionarios del Gobierno nacional mencionados en el escándalo por los acercamientos entre el Ejecutivo y el Clan del Golfo, luego de la revelación de audios sobre las primeras conversaciones con esa organización armada.
Entre los indagados están el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; y los exfuncionarios de inteligencia Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, quienes para septiembre de 2022 ocupaban cargos relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia.
La actuación disciplinaria se desprende del informe revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el que se dieron a conocer grabaciones de una reunión sostenida el 2 de septiembre de 2022 entre Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, y Luis Armando Pérez, alias “Jerónimo”, uno de los comandantes del Clan del Golfo.
Los audios que abrieron la controversia
Según lo revelado, en las conversaciones se mencionan posibles ofrecimientos relacionados con la suspensión de bombardeos, el retiro de operativos militares y cambios dentro de organismos de inteligencia y de la Fuerza Pública. Estos puntos generaron cuestionamientos sobre los límites de los acercamientos exploratorios en el marco de la política de “paz total” del Gobierno Petro.
En uno de los fragmentos divulgados, Rueda habla de un “cese de bombardeos” y de una “limpieza en la inteligencia policial”, afirmaciones que quedaron bajo la lupa de los organismos de control por el posible alcance institucional que habrían tenido esos acercamientos.
La Procuraduría buscará establecer si los exfuncionarios actuaron dentro del marco legal, si hubo eventuales extralimitaciones en sus funciones o si se hicieron compromisos que no correspondían a sus competencias.
Velásquez negó haber conocido acuerdos
Tras la publicación de los audios, Iván Velásquez negó que Danilo Rueda hubiera tenido participación en la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que derivó en salidas dentro de la cúpula militar y policial.
El exministro aseguró que ese proceso fue riguroso y que no consultó ni recibió instrucciones del entonces comisionado de Paz sobre la permanencia o retiro de oficiales.
"El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno", escribió Velásquez en su cuenta de X.
También afirmó que no conoció acuerdos o negociaciones que Rueda hubiera sostenido con el Clan del Golfo y sostuvo que esas conversaciones no tuvieron efecto sobre sus decisiones como ministro de Defensa.
Velásquez también aclaró que la restricción sobre bombardeos no fue general, sino que estaba relacionada con el principio de precaución frente a la posible presencia de menores de edad en zonas de operación.
Rueda dice que fueron conversaciones exploratorias
Por su parte, Danilo Rueda afirmó que las conversaciones con integrantes del Clan del Golfo correspondían a una fase exploratoria y que no tuvieron efectos concretos en la realidad del país ni en las decisiones militares del Gobierno.
El excomisionado sostuvo que no hubo “gabelas” para la organización armada y que los diálogos se dieron en medio de operaciones militares activas. También negó haber recibido listas de uniformados por parte del Clan del Golfo o haber tenido responsabilidad en la salida de oficiales.
De acuerdo con Rueda, los contactos buscaban abrir canales de comunicación dentro de la política de paz total, pero no implicaban compromisos formales ni órdenes presidenciales para suspender operaciones contra esa estructura.
Una indagación en medio del debate por la paz total
El caso vuelve a poner bajo discusión los alcances de los diálogos del Gobierno Petro con organizaciones armadas y criminales, especialmente con el Clan del Golfo, considerado una de las principales estructuras ilegales del país.
Aunque la investigación disciplinaria apenas comienza, el proceso será clave para determinar si los acercamientos se realizaron dentro de los límites legales o si hubo ofrecimientos que pudieron comprometer decisiones de seguridad del Estado.
Por ahora, la Procuraduría deberá recaudar pruebas, revisar los audios, escuchar a los exfuncionarios involucrados y establecer si existe mérito para avanzar hacia una investigación formal o archivar la actuación.
