El Congreso de la República de Colombia se prepara para debatir uno de los proyectos más relevantes en materia de derechos laborales en los últimos años. La reforma laboral, que había sido hundida hace dos meses por la comisión séptima del Senado, ahora vuelve al ruedo tras la caótica caída de la consulta popular, que buscaba el apoyo ciudadano para las modificaciones de trabajo en el país.
Este jueves 15 de mayo de 2025, la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado emitió un comunicado oficial designando a los senadores encargados de coordinar y liderar la discusión legislativa de esta reforma. En el documento, firmado por Alfredo Rocha Rojas, secretario de la Comisión IV, se informa que por instrucción de la Mesa Directiva han sido nombrados como coordinadores y ponentes un grupo plural de congresistas pertenecientes a diferentes partidos políticos. La conformación de este equipo pone en evidencia que el debate sobre la reforma laboral no será exclusivo de una sola corriente ideológica, sino que involucrará una diversidad de posturas partidistas.
Estos son los designados para el debate de reforma laboral:
1. H.S. Aida Yolanda Avella Esquivel – Partido Pacto Histórico
2. H.S. John Jairo Roldán Avendaño – Partido Liberal
3. H.S. Carlos Meisel Vergara – Centro Democrático
4. H.S. Juan Samy Merheg Marun – Partido Conservador
5. H.S. Carlos Abraham Jiménez López – Cambio Radical
6. H.S. Richard Humberto Fuentes Fuentantala D. – AICO
7. H.S. Angélica Lozano Correa – Alianza Verde
8. H.S. Juan Felipe Lemos Uribe – Partido de la U (designado como coordinador principal)
La pluralidad ideológica de esta lista anticipa un proceso de concertación complejo. Están representadas tanto fuerzas oficialistas como de oposición, lo cual sugiere que la reforma tendrá que superar un camino de negociaciones si desea avanzar. Desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático, pasando por partidos como Cambio Radical, Alianza Verde y AICO, el abanico político refleja una radiografía casi completa del Congreso colombiano.
La presencia de figuras reconocidas en el debate legislativo como Angélica Lozano, Carlos Meisel o Juan Samy Merheg anticipa una deliberación técnica, pero también fuertemente política. Mientras algunos sectores defienden un modelo de flexibilización laboral que incentive la contratación, otros buscan fortalecer derechos históricos de los trabajadores como la estabilidad, la jornada laboral digna y el acceso efectivo a la seguridad social.
Además, estos parlamentarios tendrán que correr contra el tiempo, ya que deberán emitir decisión como plazo máximo hasta el próximo 20 de junio de 2025.
Este equipo de congresistas será clave en las decisiones sobre el articulado del proyecto, su viabilidad política y su posible modificación antes de llegar al pleno del Senado. Aquí está en juego algo más que los derechos de los trabajadores, el Gobierno se juega una de sus últimas cartas para tener viabilidad de una de sus reformas sociales más importantes.
La estrategia de Petro
Desde Pekín, donde adelanta una visita oficial, el presidente Petro se pronunció sobre el revés legislativo y llamó a la ciudadanía a salir a las calles en defensa de sus reformas. Convocó a sectores sociales como sindicatos, campesinos, pueblos indígenas y organizaciones populares a movilizarse de forma pacífica, insistiendo en que “las Fuerzas Militares no deben levantar un solo arma contra el pueblo”. También pidió a los manifestantes abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia o vandalismo.
El mandatario propuso, además, la realización de cabildos abiertos —un mecanismo constitucional de participación ciudadana— para que la población pueda debatir y manifestar sus opiniones sobre las reformas en curso. Estos espacios deliberativos no son vinculantes, pero obligan a las autoridades a considerar las propuestas ciudadanas.
El cabildo abierto es una figura contemplada en la Constitución colombiana que permite a los ciudadanos participar activamente en la deliberación de temas que afectan a su comunidad. Se trata de una reunión formal convocada por una autoridad local —como un alcalde, un concejo municipal o una junta administradora local— en la que los habitantes pueden expresar opiniones, hacer propuestas y discutir asuntos específicos de interés público.
Aunque las decisiones que surgen en un cabildo abierto no son de carácter vinculante, las autoridades están obligadas a tener en cuenta las intervenciones y propuestas ciudadanas presentadas durante la sesión. Este carácter deliberativo convierte al cabildo en una herramienta clave para fomentar la democracia participativa, la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión pública.
El cabildo abierto es una figura contemplada en la Constitución colombiana que permite a los ciudadanos participar activamente en la deliberación de temas que afectan a su comunidad. Se trata de una reunión formal convocada por una autoridad local —como un alcalde, un concejo municipal o una junta administradora local— en la que los habitantes pueden expresar opiniones, hacer propuestas y discutir asuntos específicos de interés público.
Aunque las decisiones que surgen en un cabildo abierto no son de carácter vinculante, las autoridades están obligadas a tener en cuenta las intervenciones y propuestas ciudadanas presentadas durante la sesión. Este carácter deliberativo convierte al cabildo en una herramienta clave para fomentar la democracia participativa, la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión pública.
El cabildo abierto es una figura contemplada en la Constitución colombiana que permite a los ciudadanos participar activamente en la deliberación de temas que afectan a su comunidad. Se trata de una reunión formal convocada por una autoridad local —como un alcalde, un concejo municipal o una junta administradora local— en la que los habitantes pueden expresar opiniones, hacer propuestas y discutir asuntos específicos de interés público.
Aunque las decisiones que surgen en un cabildo abierto no son de carácter vinculante, las autoridades están obligadas a tener en cuenta las intervenciones y propuestas ciudadanas presentadas durante la sesión. Este carácter deliberativo convierte al cabildo en una herramienta clave para fomentar la democracia participativa, la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión pública.
