La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un comunicado para aclarar qué encontró durante la revisión de firmas con las que distintos grupos significativos de ciudadanos buscan inscribir candidaturas presidenciales. El mensaje salió después de que circularan cifras sobre supuestos porcentajes de firmas rechazadas, presentadas como si fueran un dato oficial.
¿Qué dijo la Registraduría?
La entidad afirmó que, entre los 22 comités que presentaron firmas, solo en dos encontró inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos: los comités de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. También dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes, y recordó que esa información ya había sido comunicada el 19 de enero.
En el mismo texto, la Registraduría explicó que en los demás comités aparecieron incidencias propias del proceso de verificación. Mencionó, por ejemplo, datos ilegibles, información que no coincide con el Archivo Nacional de Identificación y registros de personas que no están en el censo electoral. En buen romance: que una firma no pase un cruce técnico no significa, por sí solo, que haya un delito.
¿Qué alimentó el rumor?
El ruido creció alrededor de Abelardo de la Espriella por el tamaño de su recolección: cinco millones de firmas. En ese contexto, la periodista Cecilia Orozco Tascón escribió en una columna de El Espectador que tuvo acceso a un documento según el cual, supuestamente, el 62% de las firmas presentadas por De la Espriella no habrían sido avaladas por la Registraduría.
Sin embargo, con la información pública disponible hoy, no existe un cuadro oficial que muestre, para todos los candidatos, el porcentaje de firmas válidas e inválidas con el mismo estándar de presentación. El último antecedente conocido de publicación de esos porcentajes es de 2018. En esa elección se supo, por ejemplo, que Germán Vargas Lleras entregó 5,5 millones de firmas y que solo 2,7 millones fueron válidas. Eso implica 2,8 millones rechazadas, es decir, 50,9% del total. Esa falta de un consolidado actualizado deja el terreno abierto para que circulen cifras sueltas, que pueden servir para la discusión política, pero no reemplazan un dato oficial comparable.
