La reconocida periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, desató una nueva polémica en redes sociales tras publicar un fuerte mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que arremete contra la presencia de integrantes de la Minga Indígena en la Universidad Nacional de Colombia.
Su publicación no solo reavivó las tensiones entre sectores opositores y el Gobierno, sino que también puso el foco sobre el manejo institucional frente a una situación que ha generado preocupación en la comunidad académica.
“La Universidad Nacional está hecha un caos. Los indígenas sacaron a los estudiantes de las aulas para pasearse con machetes por las instalaciones, algunos borrachos y contaminando las zonas comunes. Y como si fuera poco, muchos de los 5.000 que llegaron a Bogotá no saben por qué están protestando. La universidad debe velar por la educación y seguridad de los estudiantes. Petro, asuma su autoridad como presidente”, escribió Dávila en la red social, donde el video difundido ha sido compartido cientos de veces.
Una publicación que agita las aguas
La reacción de Dávila ocurre en medio de un contexto de creciente tensión por la llegada de más de 10.000 personas a la Universidad Nacional, muchas de ellas procedentes de comunidades indígenas que participan en la tradicional minga.
Según reportes oficiales de la institución, al menos cuatro edificaciones del campus han sido restringidas por la presencia de los manifestantes, situación que ha generado interrupciones en las actividades académicas, especialmente en programas que requieren presencialidad constante, como Medicina y Enfermería.
El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, confirmó que ya se evalúan medidas para mitigar el impacto, incluyendo la posibilidad de trasladar algunas clases a modalidad virtual. Sin embargo, esta opción no ha sido bien recibida por todos los estudiantes y docentes, quienes insisten en que la presencialidad es indispensable para garantizar la calidad educativa.
Críticas cruzadas y politización del conflicto
La declaración de Vicky Dávila no solo ha sido interpretada como una crítica directa a la gestión del presidente Gustavo Petro, sino también como una estrategia política en su camino hacia una eventual candidatura presidencial. Al calificar la situación como “anarquía y degenere”, Dávila vincula el desorden con lo que considera permisividad del actual Gobierno frente a las protestas sociales.
No obstante, distintos sectores han salido al paso para matizar o incluso desmentir la narrativa de la periodista. Líderes indígenas, defensores de derechos humanos y voceros estudiantiles han señalado que la minga es una forma legítima de movilización social, con reclamos históricos sobre territorio, salud, educación y garantías para sus comunidades. También han advertido sobre el peligro de estigmatizar a los pueblos indígenas con generalizaciones que podrían incitar a la violencia o al rechazo social.
¿Qué dice la Universidad Nacional?
La administración de la Universidad ha insistido en que se están haciendo esfuerzos por mantener la calma, el diálogo y la integridad del campus. Además, han recordado que la universidad es un espacio plural que históricamente ha recibido movimientos sociales y que debe ser gestionado desde la comprensión intercultural y el respeto por los derechos fundamentales.
Sin embargo, el llamado de atención de Dávila pone sobre la mesa una pregunta que cada vez cobra más fuerza en el debate público: ¿hasta qué punto la movilización social puede interferir con el funcionamiento de las instituciones educativas y cómo debería el Estado garantizar tanto el derecho a la protesta como el acceso a la educación?
