El excontratista del IDU Emilio Tapia podría ser condenado a trece años de prisión domiciliaria en caso de ser avalado por un juez el preacuerdo hecho entre él y la Fiscalía General. A cambio del beneficio que lo eximiría del pago de la pena en una cárcel, Tapia se habría comprometido a entregar más información, con documentos y otros formatos probatorios, sobre el escándalo del ‘carrusel de la contratación’. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la información que el excontratista tendría para aportar a la investigación, en la mañana del miércoles ha trascendido que podría implicar a nuevos contratistas y funcionarios no solo en Bogotá. Además, el testimonio de Tapia podría facilitar las investigaciones de la Fiscalía en procesos vigentes como el adelantado contra los hermanos Moreno Rojas. En el preacuerdo el ente acusador también exige a Tapia el pago de una indemnización al IDU que será determinada por el juez de conocimiento.
