El juicio contra Álvaro Uribe no solo pone a prueba al expresidente: pone a prueba a todo el sistema judicial. En medio del proceso más complejo y mediático en la historia reciente de Colombia, una pieza clave de la acusación se desploma: la grabación del llamado reloj espía, presentada por Juan Guillermo Monsalve, fue editada, manipulada y recortada.
Dos peritos lo confirmaron ante el estrado: hay una ruptura de continuidad en el audio, minutos borrados y un software de edición forense detectado en la memoria USB. En otras palabras, la prueba reina de la Fiscalía está contaminada.
¿Quién editó? ¿Por qué faltan más de siete minutos? ¿Qué se dijo allí que no debía conocerse? ¿Por qué se destruyeron los relojes originales, impidiendo cualquier verificación independiente?
El testimonio de Monsalve, pilar del caso, queda bajo sospecha. No solo por la edición del video, sino porque el video no fue entregado completo desde el principio. La defensa lo acusa de manipulación dolosa. La Fiscalía guarda silencio. Y el país, dividido, asiste a un espectáculo que parece más político que judicial.
Uribe no es un ciudadano cualquiera: fue jefe de Estado, símbolo de una corriente política, y figura clave de la historia reciente. Pero en este juicio, su nombre importa menos que el precedente: ¿puede condenarse a alguien con pruebas rotas, testimonios dudosos y evidencias editadas?
Si la justicia se basa en verdades a medias, entonces no es justicia. Y si Monsalve ocultó lo que grabó, Colombia tiene derecho a preguntarse por qué.
