La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 no solo abrió un debate jurídico. Abrió, también, un frente político. En pleno año electoral, una decisión técnica y transitoria corre el riesgo de convertirse en un símbolo mal usado: la idea de que “no quieren que se suba el salario mínimo”. Y esa lectura, aunque efectiva como discurso, no es cierta.
El Consejo de Estado no dijo que el salario no deba subir. Tampoco negó la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores. Lo que cuestionó fue la forma, no el fondo. El problema no es el aumento. Es el camino por el que se intentó justificar.
La mayoría de los sectores económicos, empresariales y sociales del país han coincidido históricamente en que el salario mínimo debe ajustarse y que debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El desacuerdo aparece cuando una decisión de ese calibre se sustenta en criterios que no están previstos en la ley y se presentan como si fueran obligatorios.
El Gobierno defendió el incremento apoyándose en el concepto de “salario vital”, un referente legítimo desde lo social y lo académico, pero que no hace parte del marco legal que regula la fijación del salario mínimo en Colombia. Y ahí es donde el Consejo de Estado pone el freno. No por oponerse al aumento, sino por exigir que el trámite se ajuste a las reglas vigentes.
Este matiz es clave y, sin embargo, es el primero que se pierde en el ruido político. Convertir una suspensión provisional en la narrativa de “los jueces y los empresarios no quieren que la gente gane más” puede ser rentable electoralmente, pero distorsiona el debate real. Lo que está en discusión no es si se sube el salario. Es cómo se decide cuánto se sube y con qué sustento.
El riesgo es evidente. Que una decisión jurídica transitoria termine convertida en un actor más del discurso de campaña. Que la legalidad se caricaturice como insensibilidad social. Que el control institucional se venda como una conspiración contra los trabajadores.
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El Consejo de Estado no cerró la puerta al aumento del salario mínimo. Lo que hizo fue recordar que incluso las decisiones más populares deben pasar por el filtro de la ley. Y que en un Estado de derecho, el fin no justifica el medio, por más noble que sea el fin.
Este episodio deja una lección incómoda pero necesaria: cuando el salario mínimo entra al terreno de la narrativa electoral, el debate deja de ser técnico y se vuelve emocional. Y ahí es donde el país corre el riesgo de discutir consignas en lugar de discutir reglas.
