Alcaldesa de Ibagué imputada por presunta corrupción

Mar, 02/06/2026 - 11:20
La Fiscalía detectó irregularidades en un contrato para alimentación de animales de un centro de protección.
Créditos:
Johana Ximena Aranda Rivera

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas anomalías en la contratación del suministro de alimentos para perros y gatos del centro de protección animal de la ciudad. 

Además, el ente acusador también imputó en el proceso a tres funcionarios y exfuncionarios, y a un contratista, por irregularidades en un convenio que habría generado sobrecostos superiores a los 34 millones de pesos. 

Los nombres de estos funcionarios son: Edward Amaya Márquez, exsecretario de Gobierno; Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; y Ernesto Alfonso Quiroga, contratista beneficiado. 

Según la investigación, la alcaldesa habría dado instrucciones precisas para que el contrato fuera entregado a una empresa que, paradójicamente, se dedica a los servicios de aseo en la alcaldía y colegios, por lo que no contaba con experiencia en nutrición animal.

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Graves irregularidades en el proceso

La Fiscalía señaló que los implicados habrían elaborado estudios de conveniencia con precios ajenos a la realidad del mercado. Asimismo, se determinó que no hubo pluralidad de oferentes, ya que solo se solicitaron cotizaciones a dos contratistas cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco entre sí.

Estas maniobras habrían permitido un direccionamiento del contrato en favor de Ernesto Alfonso Quiroga, quien presuntamente obtuvo un beneficio económico ilícito de $34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.

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Cargos y situación jurídica

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Durante la diligencia, los imputados no aceptaron los cargos. Por ahora, su situación judicial se encuentra pendiente de resolver, y el proceso continúa bajo los preceptos de la presunción de inocencia consagrados en la ley colombiana.

 

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