El exgobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna fue condenado a 22 años de prisión domiciliaria por participar en el esquema de corrupción que desvió unos 1.604 millones de pesos que iban presuntamente destinados para la población más vulnerable del departamento.
La Corte Suprema de Justicia fue quien lo halló culpable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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La investigación indica que estos hechos habrían ocurrido en el año 2013, cuando Palacios Serna, a través del secretario de Salud, Guillermo Verhelst Cruz ordenó la celebración de contratos para la compra de medicamentos de alto costo.
Si bien en dicho momento esos contratos parecían cumplir con los requisitos legales, la verdadera finalidad de dichos documentos era desviar los recursos públicos para beneficio propio y de terceros.
Ante esto, la Corte determinó que los contratos fueron adjudicados a personas que no tenían la capacidad legal ni técnica para poder llevarlos a cabo. Además, se mostró que el funcionario que figuraba como el responsable de firmarlos ya no hacía parte de la administración al momento de su suscripción, lo que configura el delito de falsedad ideológica en documento público.
La obligación de Palacios era velar por la correcta administración de los recursos departamentales, pero según la Corte, habría preferido apropiarse de ellos, afectando directamente a las comunidades más necesitadas del Chocó.
Esta desviación de recursos trajo como consecuencia un impacto negativo en la atención de la salud de la población vulnerable, que eran dependientes de los medicamentos que se entregarían gracias a esos recursos.
Por otro lado, además de la condena domiciliaria, el exgobernador fue condenado a pagar una multa de 1.700 millones de pesos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió que Palacios podrá permanecer en libertad mientras se define en la sentencia si su captura resulta necesaria, debido a que ha asistido a todas las audiencias programadas en el proceso.
Este fallo representa un golpe fuerte a la corrupción del país, evidenciando como el desfalco de los recursos públicos destinados a las poblaciones vulnerables sigue siendo una de las principales problemáticas del país.
