Alexadra Rojas, una líder campesina y defensora de derechos humanos del municipio de Calamar, localizado en el Bajo Guaviare, alertó esta semana en Bogotá sobre una creciente ola de violencia que azota a las regiones, en medio del incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Nacional.
La líder forma parte de un grupo de mujeres y líderes sociales que decidieron regresar a la capital para exigir garantías de seguridad y una verdadera presencia estatal en sus territorios.
"Llegamos a territorio y a los poquitos días nos mataron un guardia campesino del Bajo Guaviare", declaró con firmeza haciendo referencia a noviembre de 2024, cuando indígenas y campesino vinieron a exigir garantías al Gobierno Nacional dada la difícil situación de violencia. Pese a las advertencias hechas por las comunidades sobre la presencia de disidencias en sus territorios, el Estado los abandonó. Por lo que en una nueva mesa de diálogo. esperan que el Gobierno entienda la crisis de seguridad y actúe, pues la líder dejó en evidencia la grave situación que viven cientos de familias rurales que, tras retornar a sus veredas, han sido blanco de amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados.
Compromisos incumplidos por el Gobierno
En noviembre de 2024, esta líder junto con otras asociaciones comunitarias viajaron a Bogotá para advertir a las autoridades sobre el riesgo inminente de violencia en la región.
Según la denunciaante, en ese momento "se sentaron en las mesas de diálogo con algunos entes gubernamentales, y les hicieron creer que les darían protección". Pues pese a las promesas, afirma que "no, nos les cumplido".
La lideresa denunció que de los 16 puntos acordados en esa primera mesa, ninguno se ha implementado: "Hicieron una visita leve al puente amarillo que estaba amenazado de ser derribado, y dijeron que volverían con gente especializada… pero realmente no volvieron". La falta de seguimiento, advierte, ha dejado a las comunidades expuestas y solas frente al avance de los grupos armados ilegales.
Violencia en aumento y ausencia del Estado
“Se está creando una ola de violencia totalmente en los territorios”, advirtió, quien denunció que incluso la delincuencia común se ha intensificado, con casos crecientes de extorsión y amenazas a líderes sociales. “En la ciudad de pronto no se refleja mucho, pero en nuestros territorios sí”, explicó.
La situación ha generado un sentimiento de abandono entre las comunidades campesinas, que aseguran haber agotado los canales institucionales. "Nos va a tocar al campesino armarse de verdad y venir nosotros a hacer valer nuestros derechos y defender nuestro territorio", selaño, dejando ver la desesperación que embarga a quienes claman por protección sin respuesta alguna.
Críticas al proceso de paz
Si bien la vocera campesina expresó que su organización no se opone al presidente Gustavo Petro ni a reformas como la laboral, fue enfática en señalar que el proyecto de "paz total" no está funcionando en las regiones. “No ha sido, como él ha dicho, una paz total. La paz total de pronto la encuentra él acá en Bogotá, pero en los territorios de nosotros la ola de violencia es tenaz", enfatizó.
Frente a los recientes anuncios del presidente sobre la reactivación de diálogos con el ELN, la líder fue contundente: "Si se van a sentar en las mesas de diálogo los grupos armados, es que cumplan con lo que pactan… no es que en la mesa tengan un diálogo y vayan a territorios a matar campesinos y niños".
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
Las palabras de esta líder reflejan el clamor de comunidades enteras que, pese al miedo, se atreven a denunciar lo que ocurre en zonas donde el Estado no llega. “Necesitamos que el presidente de la República le ponga cuidado a esto”, insistió, reiterando que no buscan confrontación, sino garantías mínimas para vivir y trabajar en paz.
El llamado es claro: que las promesas no se queden en discursos y que la paz no sea un privilegio urbano, sino un derecho para todas las regiones de Colombia.
