En un paso que marca un giro hacia el respeto y la protección del bienestar animal, la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que dejará de utilizar perros en tareas de seguridad en varias de sus sedes administrativas. Esta decisión, revelada el pasado 20 de julio, se alinea con los principios de la recientemente aprobada Ley 2454 de 2025, más conocida como la Ley Lorenzo, que establece regulaciones más estrictas sobre el uso de perros en actividades de vigilancia privada en Colombia.
La medida impactará inicialmente en cuatro sedes de la entidad donde operaban canes entrenados por empresas de seguridad privada. Según la Secretaría, esta decisión responde a una evaluación técnica y ética sobre las condiciones en las que estos animales eran empleados, y se enmarca en un cambio institucional que privilegia métodos de vigilancia que no involucren el uso de seres sintientes para funciones de control y disuasión.
En entrevista con KienyKe.com la senadora Andrea Padilla, promotora y realizadora de la ley Ángel y ley Lorenzo, se manifestó frente al tema y afirmó que "es una gran noticia porque eh es como la comprensión del Estado en su propio nivel territorial de que hay un cambio cultural y es una apuesta valiente por incorporar medios tecnológicos u otras alternativas de seguridad que por supuesto implican, digamos, pues eh una inversión implican una toma de riesgos y eso es muy valioso".
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El trasfondo: Ley Lorenzo y un nuevo paradigma
Esta decisión no ocurre en el vacío. El Congreso de la República aprobó recientemente la Ley 2454 de 2025, conocida popularmente como la Ley Lorenzo, en honor a un perro que murió por maltrato mientras cumplía funciones de vigilancia en una empresa privada.
La Ley establece que el uso de perros en labores de seguridad y vigilancia deberá regirse por condiciones estrictas de bienestar, descanso, alimentación, socialización y retiro digno. Entre otros puntos, prohíbe el uso de canes en climas extremos, jornadas superiores a las 8 horas, y en entornos donde estén expuestos a ruidos excesivos, violencia o estrés prolongado. Además, obliga a las empresas a garantizar que los animales sean adoptados o retirados con dignidad al finalizar su vida laboral.
En este marco, la decisión de la Secretaría de Salud se interpreta como un ejemplo de cumplimiento temprano de la ley y un gesto simbólico que podría ser replicado por otras instituciones públicas y privadas.
¿Qué dice la ley Lorenzo según la senadora Andrea Padilla?
La Ley Lorenzo es una iniciativa que busca mejorar profundamente las condiciones de vida de los perros utilizados en labores de seguridad. Su primer gran paso es la sustitución progresiva de estos animales por otras alternativas, con el objetivo de reducir y eventualmente eliminar su uso en estas funciones. Mientras esto ocurre, la ley exige que los perros en servicio tengan condiciones dignas: caniles adecuados, zonas de descanso, acceso constante a agua y comida, vigilancia mediante cámaras y atención veterinaria 24 horas al día.
Además, la ley modifica los rangos de edad permitidos para el uso de estos perros. Se reduce la edad máxima de servicio de 8 a 6 años, para que puedan retirarse más temprano y disfrutar de una vida familiar plena. También se eleva la edad mínima de 8 meses a 12 meses, permitiendo que tengan un desarrollo más completo antes de empezar a trabajar. Asimismo, se amplía su tiempo de recreación, ya que antes solo contaban con una hora semanal, lo cual era insuficiente para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales.
Finalmente, la Ley Lorenzo establece que todas las empresas de seguridad deben contar con un plan de retiro obligatorio para los perros, el cual será condición para operar legalmente. Cuando un perro llega al final de su vida útil, ya sea por edad o por motivos de salud, debe pasar de inmediato a un programa de adopción. Con esta ley, se busca garantizar que estos animales no solo trabajen en mejores condiciones, sino que también puedan tener una segunda etapa de vida feliz y en familia.
Una medida bien recibida, pero con retos
Organizaciones animalistas han celebrado la medida. No obstante, la decisión no está exenta de desafíos. Algunas empresas de vigilancia han manifestado su preocupación por el impacto operativo y económico de la Ley Lorenzo, especialmente en sectores donde los perros representan un componente clave del modelo de seguridad.
Desde la Secretaría de Salud, se aseguró que el retiro de los perros no afectará los esquemas de protección en sus instalaciones. “Hemos evaluado tecnologías alternativas, así como el refuerzo de personal humano, y consideramos que la seguridad está garantizada”, indicó la entidad en su comunicado.
Dejar atrás prácticas que han sido normalizadas —como el uso de perros para vigilancia nocturna, muchas veces encadenados, expuestos al frío o al calor, y privados de contacto afectivo— representa un reto cultural y logístico. Pero la apuesta institucional que ha hecho Bogotá puede marcar un precedente a nivel nacional. La Secretaría de Salud no solo deja de usar perros para custodiar sus sedes. Da, en cambio, un mensaje claro: la seguridad también puede ser ética y compasiva.
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