Centenares de campesinos de varios departamentos del sur de Colombia acampan este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder ejecutivo y legislativo del país, para pedir al Gobierno garantías de seguridad en las regiones en las que viven, azotadas por la violencia de los grupos armados ilegales.
Los manifestantes llegaron en los últimos días a Bogotá e instalaron sus carpas frente a la Catedral Primada de Colombia, donde prevén permanecer hasta que el presidente Gustavo Petro los escuche.
"Las comunidades movilizadas de la (región de la) Orinoquía, la Amazonía y del sur del país (...) están aquí por el recrudecimiento del conflicto social y armado, que se ha agudizado", expresó a EFE la presidenta de la Corporación Nacional Amazonía Verde, Lorena Sánchez.
Los manifestantes critican la política de paz total -con la que el Gobierno negocia acuerdos con los grupos guerrilleros y el sometimiento a la justicia de las bandas criminales- pues consideran que esta iniciativa del ejecutivo ha provocado todo lo contrario a lo que busca.
"Nos trae aquí la indignación de un Gobierno que no escucha al pueblo que está padeciendo la paz total, que para nosotros se convirtió en la guerra total", afirmó Sánchez.
En su opinión, los grupos armados "llevan años violentando a las comunidades" y puso como ejemplo las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca (este), donde ese grupo secuestra y desplaza comunidades.
"Estamos de acuerdo con que se construya la paz con todos los grupos alzados en armas, pero que no sea a costa de la sangre de nosotros", afirmó la mujer, quien agregó: "Si no hay un diálogo directamente con el Gobierno Nacional, el campesinado y las comunidades étnicas estamos dispuestos a quedarnos aquí, ya vienen 3.000 campesinos, indígenas y afros a apoyarnos".
El jueves pasado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que los afectados por el conflicto armado y la violencia en Colombia se cuadruplicaron entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2024.
El nuevo Informe de Tendencias e Impacto Humanitario de la OCHA señaló que, en el primer trimestre de 2025, cerca de 860.000 personas fueron afectadas por el conflicto y la violencia a nivel nacional, una cifra que considera la suma de los desplazados, confinados, afectados por desastres naturales y restricciones de movilidad.
