Una nueva ocupación por parte de la comunidad emberá en el Parque Nacional de Bogotá reavivó las tensiones entre el Distrito y el Gobierno Nacional. Desde el lunes 19 de mayo, alrededor de 500 indígenas —incluidos 220 menores de edad— instalaron un campamento improvisado tras su traslado desde la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, alegando incumplimientos por parte del Ejecutivo frente a su retorno a los territorios de origen.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la situación, y calificó de “insuficientes” las medidas adoptadas hasta ahora para dar solución a esta crisis. “La responsabilidad principal de garantizar su retorno es del Gobierno Nacional, no de Bogotá”, señaló en entrevista con el medio La FM.
El mandatario fue enfático al señalar que la ocupación actual es producto del abandono estatal y del incumplimiento de compromisos pactados previamente. Según Galán, a pesar de existir una orden judicial desde 2023 que obliga a tomar medidas para el retorno de la población emberá, no se han ejecutado las acciones requeridas.
“La situación que ellos viven en sus territorios, en el Chocó y en Risaralda, obligó a miembros de la comunidad a desplazarse a Bogotá. El Ejecutivo no ha tomado las medidas necesarias al respecto”, afirmó.
Preocupación por los menores
Uno de los puntos que más preocupa al alcalde es la situación de los niños y niñas indígenas, quienes estarían siendo usados como escudo humano para evitar intervenciones policiales. “De los 500 que llegaron ayer a la zona norte del Parque Nacional, 220 eran menores de edad. Los están utilizando para evitar la intervención. No se puede entrar con fuerza pública donde hay menores”, denunció Galán.
Además, subrayó que muchos de estos niños fueron obligados a dormir a la intemperie, en plena temporada de enfermedades respiratorias. La ocupación ha afectado también su derecho a la educación: “No puede ser que tengamos 320 niños de La Rioja que ayer no pudieron ir al colegio, y 100 que no fueron a los Centros Amar, porque los obligaron a ir al parque a dormir bajo la lluvia”, dijo.
Por esta razón, el Distrito interpondrá denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la Personería, por la presunta instrumentalización de menores de edad en esta protesta.
Más de $22 mil millones invertidos por el Distrito
Galán recordó que durante los 16 meses de su administración se han invertido más de $22.000 millones en atención a la población emberá. Estos recursos han sido destinados a programas sociales, transferencias monetarias condicionadas y acciones para facilitar el retorno voluntario a sus lugares de origen.
No obstante, el alcalde denunció que los apoyos y fases complementarias por parte del Gobierno Nacional, necesarios para lograr una solución integral, no han sido cumplidos. “Las fases adicionales prometidas para garantizar el éxito de estos programas no se han cumplido”, aseguró.
Falta de articulación institucional
El mandatario también criticó la ausencia de representantes de la Unidad de Víctimas y otras entidades del Gobierno Nacional a una reunión urgente convocada por la Alcaldía para buscar soluciones inmediatas. “Eso es un irrespeto a los derechos de los niños y niñas que están siendo afectados por esta falta de acción”, concluyó.
Aunque el Distrito ha restringido el uso del Parque Nacional a una zona específica del norte, la preocupación por el impacto ambiental y las condiciones humanitarias de los ocupantes persiste. Galán insistió en que el mayor riesgo no es solo la afectación al espacio público, sino la vulneración de los derechos de los menores indígenas.
Con este panorama, el alcalde reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que actúe de manera urgente y coordinada, respetando los derechos fundamentales de la comunidad emberá y, en especial, de los niños y niñas involucrados en esta crisis.
