La tragedia vuelve a golpear a las instituciones encargadas del cuidado infantil en Colombia. Esta vez, un nuevo caso de abuso ha salido a la luz en el Hogar Infantil Corinto, una institución vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en Bogotá. Según información judicial revelada recientemente, al menos 18 menores habrían sido víctimas de maltrato, tortura y abuso físico y psicológico por parte de un docente identificado como Fabián Vivas Guzmán.
Este hecho, que conmociona al país y genera profunda indignación social, se conoce en medio de la controversia por otro presunto caso de abuso infantil en el jardín infantil Canadá, también operado bajo supervisión del ICBF. Las similitudes entre ambos casos han reavivado el debate sobre la eficiencia de los mecanismos de control y vigilancia que estas instituciones estatales deben garantizar.
Sentencia judicial confirma fallas del Estado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia en segunda instancia en julio de 2024, confirmando que tanto el ICBF como el Hogar Infantil Corinto incurrieron en fallas graves en su deber de cuidado y supervisión, lo que permitió que los abusos se perpetuaran durante un tiempo prolongado, sin intervención adecuada por parte de las autoridades competentes.
La decisión judicial ordenó una indemnización económica a cinco menores identificados como víctimas directas, así como a sus familiares cercanos, considerados víctimas indirectas. Cada niño recibirá el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, además de montos adicionales por daño a la salud.
Aunque en el proceso se referenciaron 18 menores afectados, el fallo solo reconoció como víctimas indemnizables a cinco, debido a la disponibilidad de pruebas documentadas. Esto ha generado críticas desde diversos sectores, que consideran insuficiente el alcance de la reparación.
Medidas institucionales obligatorias para el ICBF
Más allá de las indemnizaciones, el tribunal también impuso una serie de medidas institucionales de carácter obligatorio al ICBF. Entre ellas se encuentra la capacitación de su personal y el de los hogares infantiles en todo el país. Estos deberán completar al menos 120 horas de formación en prevención del abuso infantil, ética profesional, y mecanismos de identificación y respuesta ante posibles señales de violencia escolar.
Además, la sentencia exige la divulgación interna del fallo y la entrega de una disculpa formal escrita a las familias afectadas, como parte de un proceso de reparación simbólica y reconocimiento de la responsabilidad institucional.
La muerte del agresor deja vacíos judiciales
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que el presunto agresor, Fabián Vivas Guzmán, falleció en 2025 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Su muerte impidió que enfrentara un proceso penal, dejando interrogantes sin resolver sobre la magnitud total de sus acciones y si hubo otros posibles encubridores o cómplices dentro del jardín infantil.
Este vacío judicial también ha causado frustración entre las familias, quienes señalan que la falta de justicia penal refuerza la sensación de impunidad en casos de abuso infantil dentro de instituciones estatales.
Este nuevo episodio evidencia, una vez más, la fragilidad del sistema de protección infantil en Colombia. El caso del Hogar Infantil Corinto se suma a una cadena de denuncias que, lejos de ser aisladas, reflejan fallas estructurales en los mecanismos de vigilancia, selección de personal y formación profesional de quienes están a cargo del cuidado de menores.
La sociedad civil, organismos de derechos humanos y expertos en infancia han hecho un llamado urgente a fortalecer las políticas de protección y a garantizar que nunca más un niño o niña sufra abuso bajo el cuidado del Estado.
