La Fundación para la Libertad de Prensa (Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportó 469 agresiones contra 305 periodistas en Colombia durante 2025. El registro representa una disminución de 13% frente a 2024. Para la FLIP, esa baja no significó un entorno más seguro: los ataques tuvieron efectos más duros y persistentes sobre el trabajo periodístico.
El informe se titula "Más allá de los números: el impacto de la violencia contra la prensa en 2025" y fue divulgado el 9 de febrero de 2026.
¿Qué muestran los datos?
El reporte clasifica las agresiones por tipo. La categoría más frecuente fueron las amenazas, con 192 casos. Le siguen la estigmatización (61), el acoso (39), el acoso judicial (26) y la obstrucción del trabajo periodístico (19).
También registra hechos con efectos inmediatos sobre la vida y la movilidad de los comunicadores: desplazamiento forzado (15) y exilio (7). En el listado aparecen, además, un intento de homicidio y un asesinato, junto con otras agresiones no detalladas en el resumen.
El punto crítico: el acoso judicial
La FLIP señala que en 2025 tomó fuerza una estrategia que ya existía, pero se volvió más recurrente: el acoso judicial. En términos prácticos, esto incluye demandas, tutelas (recursos de amparo) y procesos penales usados para frenar investigaciones, desgastar económicamente a periodistas y medios, consumir tiempo de trabajo y afectar la salud emocional.
La consecuencia institucional es clara: cuando los conflictos se trasladan a expedientes y audiencias, el costo no es solo jurídico. Es también de agenda, de recursos y de capacidad real para seguir investigando.
Los hechos de mayor impacto
La FLIP identifica como el caso más grave el asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo, ocurrido el 24 de enero en Armenia, capital del Quindío. En el Guaviare, el periodista Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio en julio.
El informe también menciona un ataque con explosivos en noviembre contra un edificio donde operan tres medios de comunicación en Cali. La FLIP plantea que estos hechos se dan en un contexto de falta de garantías y de respuestas tardías o insuficientes por parte de la institucionalidad ante las amenazas.
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El caso del periodista más amenazado
El informe resalta a un periodista local de Cúcuta, señalado como el más amenazado del país en el registro de la FLIP. Según la organización, su nombre circuló en listas asociadas a bandas criminales y llegó a ser declarado “objetivo militar”. En su vida cotidiana, eso se traduce en rutinas condicionadas por la seguridad: moverse con escoltas, ocultarse por temporadas y ajustar desplazamientos.
La FLIP reporta que en 2024 recibió ocho amenazas y en 2025 diez más. Además, desde 2024 habría sufrido 32 agresiones que incluyen seguimientos, acoso, obstrucción del trabajo y desplazamiento forzado.
¿Qué significa para el público?
Para la audiencia, estas cifras no son un ranking de riesgos: son una alerta sobre la calidad de la información disponible. Si una redacción se autocensura por amenazas, si un periodista se desplaza o se exilia, o si su trabajo se frena por acoso judicial, la consecuencia es menos vigilancia sobre poderes locales y menos capacidad de contar lo que pasa en terreno.
La FLIP insiste en una idea central: el conteo bajó, pero el impacto se profundizó. En buen romance, el número no siempre muestra el tamaño real del daño.
