La economía colombiana enfrenta un nuevo golpe con la liquidación de dos empresas que, hasta hace poco, eran protagonistas en sectores clave del país: la construcción de infraestructura energética y los servicios financieros.
Se trata de Morelco-Cumbra, subsidiaria de la multinacional peruana Aenza, y Credivalores, firma especializada en créditos de consumo. Ambas compañías atraviesan procesos judiciales y administrativos complejos, dejando a su paso deudas millonarias, proyectos inconclusos y una fuerte incertidumbre laboral.
Morelco-Cumbra: una crisis que arrastró a cientos de proveedores
La Superintendencia de Sociedades ordenó recientemente la liquidación judicial de Morelco-Cumbra, luego de que la empresa incumpliera un contrato clave con Ecopetrol, firmado en 2022, y reportara deudas con más de 38 proveedores. La compañía es conocida por ser parte del conglomerado Aenza, responsable de megaproyectos como la Línea 1 del metro de Lima.
Según cifras publicadas por El Tiempo, al cierre de abril de 2025, Morelco-Cumbra adeudaba más de 122.000 millones de pesos a sus proveedores. Aunque la deuda llegó a ser superior a 224.000 millones a finales de 2024, la situación financiera seguía siendo insostenible: pérdidas acumuladas por más de 191.000 millones y un pasivo total que superaba los 321.000 millones, frente a activos por apenas 230.000 millones.
El contrato que desencadenó la crisis tenía un valor superior a 320.000 millones de pesos y contemplaba el desarrollo del Centro de Procesamiento de Fluidos (CPF) Orotoy, en Acacías, Meta. No obstante, la obra sufrió seis suspensiones por protestas de la Unión Sindical Obrera (USO), lo que elevó los costos y generó retrasos significativos.
Ecopetrol aseguró que cumplió con sus compromisos contractuales y laborales, aclarando que las deudas con proveedores son responsabilidad exclusiva de Morelco-Cumbra. La estatal también negó haber recibido justificaciones válidas por parte de la contratista para modificar los términos del contrato.
La decisión de la Superintendencia se basó, entre otros factores, en que la empresa incurrió en cesación de pagos, al registrar pasivos vencidos por más del 10 % de su deuda total, umbral que activa legalmente el proceso de liquidación judicial.
Credivalores: una caída anunciada en el sector financiero
Por otro lado, la firma Credivalores, que durante años ofreció productos financieros enfocados en población de ingresos medios y bajos, también anunció su proceso de liquidación, tras múltiples intentos fallidos de reestructuración financiera.
Desde 2024, la empresa intentó reorganizar sus pasivos, los cuales superaban 1,5 billones de pesos. Sin embargo, en agosto de ese año, incumplió el pago de bonos por 95.940 millones de pesos, lo que agravó su situación.
El Fondo Nacional de Garantías (FNG) intervino cubriendo el 70 % de la deuda (alrededor de 67.158 millones de pesos), mientras que el restante 30 % quedó sin respaldo, aumentando el riesgo para los inversionistas.
Esta garantía permitió que el Estado colombiano tomara un rol relevante en el proceso, a través de la adquisición de acreencias que ahora son administradas por Central de Inversiones S.A. (CISA). Actualmente, los acreedores analizan acciones legales para recuperar activos, incluyendo posibles demandas contra los principales accionistas.
Entre los propietarios de Credivalores se encuentran inversionistas extranjeros como GDA Luma, Gramercy y Acon, con sede en EE. UU. y Canadá, así como Crediholding, vinculada con el fundador de la firma, David Seinjet. Todos estos actores controlan la totalidad de Finanza Inversiones, empresa directamente relacionada con Credivalores.
Impacto en el empleo y el ecosistema empresarial
La liquidación de estas dos empresas no solo pone en jaque a miles de trabajadores, sino que también refleja las vulnerabilidades estructurales de los sectores que representan. Mientras Morelco-Cumbra arrastra a decenas de proveedores de infraestructura y construcción, Credivalores deja a cientos de pequeños inversionistas e instituciones con saldos por cobrar y una red de créditos sin futuro.
Ambos casos evidencian la importancia de una regulación más estricta, una gestión financiera responsable, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión preventiva en Colombia. El panorama que dejan sus quiebras será clave para evaluar la solidez del tejido empresarial nacional en los próximos meses.
