Por segunda vez en menos de un mes, Juliana Andrea Guerrero Jiménez no se presentó a la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que se adelanta por la presunta falsificación de títulos universitarios.
La diligencia estaba prevista para la mañana del 10 de marzo en los juzgados del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. Sin embargo, tras aproximadamente una hora de espera y ante la ausencia de la investigada, la audiencia no pudo realizarse.
La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió devolver a reparto el proceso relacionado con la imputación de cargos y la eventual solicitud de medida de aseguramiento contra la funcionaria. Con esta decisión, otro despacho judicial deberá fijar una nueva fecha para continuar con el procedimiento.
Guerrero es investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en sus títulos académicos.
Fiscalía retiró solicitud de detención domiciliaria
Durante la audiencia también se conoció que la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria que había sido radicada previamente ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
La petición había sido presentada desde el pasado 9 de febrero como parte del proceso penal que adelanta el ente acusador. No obstante, durante la diligencia se informó que la solicitud fue retirada mientras continúa el trámite de la investigación.
El proceso judicial busca establecer si los títulos académicos presentados por Guerrero fueron obtenidos sin cumplir con los requisitos exigidos y si estos documentos fueron utilizados para acceder a cargos públicos.
Este caso se convirtió en uno de los episodios recientes que han generado debate en el país, ya que la funcionaria había sido postulada para el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
La investigada pidió aplazar nuevamente la audiencia
Horas después de iniciada la diligencia, Guerrero envió una carta dirigida a la Fiscalía en la que solicitó aplazar nuevamente la audiencia con el fin de contratar un abogado de su confianza.
El documento fue remitido hacia las 10:00 de la mañana y leído durante la diligencia judicial por la jueza del caso. En la comunicación, la investigada argumentó que la atención pública que ha tenido el proceso le ha dificultado concretar la contratación de un defensor particular.
“Me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento por última vez de la audiencia de formulación de imputación”, señaló en la carta fechada el mismo día de la audiencia.
Según explicó, debido a la “connotación pública y nacional de los hechos”, le resultó “materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica”.
Rechazó defensa pública asignada
Aunque Guerrero cuenta con defensa dentro del proceso, manifestó que no desea continuar con la representación de un abogado asignado por la Defensoría del Pueblo.
En la carta enviada al ente acusador indicó que su intención es ejercer el derecho a la defensa con un abogado elegido por ella misma.
“No requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo”, expresó en el documento.
La investigada aseguró que su solicitud busca salvaguardar sus garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa.
Además, manifestó su disposición de comparecer a las futuras audiencias y colaborar con las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso.
Investigación por presuntas irregularidades en títulos
La investigación de la Fiscalía se centra en diplomas de contaduría pública obtenidos en la Fundación Universitaria San José.
Según el ente acusador, los documentos habrían sido presentados sin cumplir algunos requisitos obligatorios para la obtención del título profesional, entre ellos la presentación de la prueba estatal Saber Pro.
Las autoridades buscan establecer la validez de dichos títulos y determinar si estos fueron utilizados para acceder a cargos dentro de la administración pública.
Con la decisión de devolver el expediente a reparto, se espera que en los próximos días se programe una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero, en la que la Fiscalía presentará formalmente los elementos del caso.
