Una grave denuncia de espionaje ilegal sacudió al Gobierno Nacional. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, reveló que su teléfono celular fue intervenido con el software espía Pegasus entre agosto y noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Según el alto funcionario, la orden para interceptar sus comunicaciones habría salido desde el propio Estado, específicamente desde el Ministerio de Defensa.
La denuncia se hizo a través de un video difundido en redes sociales, en el que Idárraga explicó que decidió someter su celular a un análisis técnico tras detectar fallas reiteradas, comportamientos irregulares en chats y accesos no autorizados a archivos personales. El informe forense, realizado en Estados Unidos, concluyó que el dispositivo estuvo infiltrado durante al menos tres meses y que terceros tuvieron acceso total a su información privada.
Para el momento de los hechos, Idárraga adelantaba investigaciones sensibles relacionadas con presuntos casos de corrupción en distintas entidades del Estado. El ministro aseguró que el espionaje estaría directamente vinculado con su labor como denunciante y con los procesos que lideraba desde la Secretaría de Transparencia. En ese contexto, pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que “dé la cara” y explique por qué, según él, se habría ordenado una campaña de persecución y desprestigio en su contra.
A través de una publicación en su cuenta de X, Idárraga afirmó que Pegasus fue utilizado de manera ilegal no solo para espiarlo a él, sino también a miembros de su familia. Según su versión, se habrían usado gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército para adelantar seguimientos contra quien investigaba hechos de corrupción dentro del sector Defensa.
El ministro detalló que durante el periodo de interceptación se habrían extraído 2,3 gigabytes de información sensible, incluyendo denuncias, datos de fuentes confidenciales y conversaciones privadas, algunas de ellas con el presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que se registraron más de 8.700 accesos ilegales al dispositivo y que en al menos 124 ocasiones se activaron sin autorización la cámara y el micrófono del teléfono.
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Idárraga sostuvo que, según informes de contrainteligencia a los que tuvo acceso, no se trató solo de una infiltración digital, sino de una estrategia más amplia de seguimiento y persecución, financiada con recursos públicos, que habría tenido como objetivo identificar sus fuentes y frenar investigaciones que podrían destapar escándalos de gran magnitud.
El funcionario informó que ya interpuso una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investiguen las presuntas chuzadas. Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y los de los denunciantes de corrupción.
Finalmente, Idárraga pidió a la Contraloría General de la República realizar una inspección urgente al Ministerio de Defensa para verificar el uso de los gastos reservados y los recursos de contrainteligencia. “Esto se tiene que esclarecer”, afirmó, al cuestionar si esos fondos estarían siendo usados para atacar a funcionarios que luchan contra la corrupción dentro del Estado.
