Una de las decisiones más comentadas en el país en los últimos días es la expedición del Decreto 1166, emitido por el Gobierno nacional el 4 de noviembre, y que reconfigura los requisitos para desarrollar proyectos de mejoramiento, autoconstrucción y construcción en sitio propio. La norma habilita que estas intervenciones puedan ejecutarse sin una licencia de construcción, reemplazándola en algunos casos por una “carta de responsabilidad” firmada por un profesional.
La medida, planteada como un mecanismo para agilizar procesos de vivienda de interés social, abrió un debate inmediato en un país donde casi cinco millones de hogares padecen déficit habitacional y donde están en juego más de $12,5 billones destinados a programas públicos de vivienda.
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Preocupación en el sector: ¿retrocede la regulación?
Una de las voces más críticas frente al decreto fue la de la concejala de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de Camacol, quien alertó que la eliminación de la licencia en algunos procedimientos constituye un retroceso significativo.
Forero fue contundente:
“El Decreto 1166 es muy grave […] Esta norma es terrible”, afirmó.
Para la concejala, trasladar el cumplimiento de normas técnicas —como la sismorresistencia— a simples certificaciones profesionales sin un control previo obligatorio es un riesgo que recae directamente sobre las familias colombianas.
“Esto va a quedar en manos de personas no idóneas y va a jugar con la confianza de los hogares”, advirtió.
Riesgos para los recursos públicos: $12,5 billones en debate
Además del impacto técnico, Forero cuestionó la ejecución presupuestal del Gobierno.
El Ejecutivo anunció que realizaría 400.000 mejoramientos de vivienda, pero solo ha entregado subsidios para 50.000. Cada intervención cuesta cerca de $31 millones, lo que suma más de $12,5 billones que podrían dirigirse a proyectos sin licenciamiento.
La concejala planteó un interrogante que se ha replicado en amplios sectores:
“¿Van a usar la plata del Estado para proyectos que no cumplen la norma o están en zonas de alto riesgo?”
Según ella, la norma abre tres frentes de peligro:
- Riesgo fiscal: recursos ejecutados sin licencias formales.
- Riesgo social: hogares sin garantías técnicas.
- Riesgo para la vida: construcciones que no aseguren normas de sismorresistencia.
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Aclaración del Colegio Nacional de Curadores Urbanos
Ante las críticas, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos (CNCU) explicó que el decreto ha sido malinterpretado y que no elimina las licencias para remodelaciones en general.
Según el gremio, la “carta de responsabilidad” solo podrá sustituir la licencia en proyectos con subsidios otorgados directamente por el Gobierno y exclusivamente en estas modalidades:
- Mejoramiento de vivienda
- Vivienda progresiva
- Construcción en sitio propio
- Autoconstrucción bajo autogestión
El Colegio también precisó que la medida no aplica a obras sin subsidio, zonas de riesgo o reserva ambiental, ni a vivienda rural.
Implementación tardía y responsabilidad profesional
El CNCU recordó que el Decreto 1166 aún no está reglamentado y que el Gobierno dispone de seis meses para definir cómo operará. Mientras tanto, la certificación del cumplimiento normativo quedará en manos de:
- Entidades territoriales
- Gobierno nacional
- Cajas de compensación
Aunque se introduce una vía alternativa al licenciamiento, el Colegio enfatizó que los controles técnicos siguen vigentes y que los profesionales deberán asumir responsabilidad legal por cualquier incumplimiento.
“La función de los curadores urbanos se mantiene intacta”, subrayó el gremio al reiterar su compromiso con la seguridad urbana y la protección de la vida.
