La noche del 20 de mayo de 1992, en plena tensión política, el Congreso colombiano fue escenario de una escena inesperada. Álvaro Uribe Vélez, senador liberal de 40 años, propuso a la plenaria del Senado algo que hoy parecería improbable: extender el indulto total a los exguerrilleros del M-19, incluso por su responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia.
La propuesta buscaba evitar que 26 excombatientes, muchos ya integrados al Congreso, terminaran en prisión por un fallo judicial que reabría el caso del Palacio. Lo que se aprobó esa noche, de forma unánime, fue más que una moción legislativa: fue una decisión de Estado. Una jugada que puso la paz por encima del pasado, y que marcó, sin saberlo, el inicio de una de las paradojas más grandes de la política colombiana reciente.
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Paz amenazada: la sentencia que encendió las alarmas
En 1990, el M-19 se desmovilizó tras un proceso de paz promovido por el presidente Virgilio Barco. La Ley 77 de 1989 abrió la puerta a indultos por delitos políticos. Gracias a eso, varios de sus exintegrantes ocuparon curules en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Antonio Navarro, Otty Patiño, Vera Grabe, Rosemberg Pabón, Carlos Alonso Lucio y hasta incluso un joven Gustavo Petro, se convirtieron en voceros de la paz firmada.
Pero en mayo de 1992, la estabilidad de ese pacto tambaleó. La jueza de orden público Clemencia García de Useche, “la juez de hierro”, dictó un fallo que consideraba la toma del Palacio de Justicia como un acto terrorista. Bajo ese argumento, ordenó reabrir el proceso penal contra la cúpula del M-19. La decisión dejó a las puertas de la cárcel a senadores, representantes y exconstituyentes, a pesar de haber sido ya indultados.
El fallo ponía en jaque el proceso de paz. La ley excluía el perdón para delitos atroces, y la toma del Palacio de Justicia, con sus 94 muertos, estaba en esa categoría. Sin embargo, esos mismos hechos ya habían sido amnistiados de facto en 1990. Ahora, el limbo jurídico amenazaba con revertir lo pactado.
Uribe propone: una comisión para blindar la paz
En la noche del 20 de mayo, con la plenaria del Senado en vilo, Uribe pidió la palabra. Su propuesta fue concreta: crear una comisión multipartidista que redactara, junto con el gobierno, una ley urgente que despejara toda duda sobre el alcance del indulto. Su texto hablaba sin ambigüedades: “la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte”.
Es decir, la toma del Palacio debía quedar formalmente perdonada.
La proposición fue aprobada sin oposición. Uribe fue incluido en la comisión, que esa misma noche se reunió con el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, el ministro de Justicia, Fernando Carrillo, y otros senadores. En cuestión de días, redactaron la norma.
La Ley 7 de 1992: el reindulto definitivo
El 28 de mayo, el proyecto fue radicado en el Senado con la firma de Uribe como coautor. Argumentaba que “razones políticas” hacían necesaria la extinción de la acción penal contra quienes se habían desmovilizado. El principio de favorabilidad y la cosa juzgada debían aplicarse para evitar que quienes ya habían sido indultados volvieran a ser procesados.
El Congreso aprobó el proyecto con trámite urgente. El 3 de julio se convirtió en ley. La Ley 7 de 1992 blindó jurídicamente la desmovilización del M-19, incluso para delitos que habían quedado por fuera de la ley de 1989. El Tribunal Nacional anuló después el fallo de la jueza Useche, y el proceso quedó cerrado.
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Epílogo de una noche sin aplausos
No hubo aplausos esa noche. Solo la respiración tensa de los que sabían que estaban escribiendo en reversa una página que ya creían cerrada. Uribe volvió a sentarse luego de leer su proposición. El salón, que momentos antes contenía la incertidumbre, bajó la cabeza en señal de asentimiento. No se habló de ideologías, ni de muertos, ni de juicios. Solo de paz. Una paz que, para no romperse, exigía tragarse la historia. Alguien recogió los papeles. Alguien más pidió la hora. Y sin ceremonias, la plenaria se disolvió. Afuera, en la noche bogotana, aún quedaban ecos del incendio de 1985. Pero adentro, en los mármoles del Capitolio, la decisión ya estaba tomada: el país le había dicho a su pasado que siguiera de largo
