La Defensoría del Pueblo advirtió un agravamiento estructural en el derecho a la salud, al presentar el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”. Según el estudio, los usuarios del sistema podrían gastar entre el 7 % y el 90 % de sus ingresos mensuales en la compra de medicamentos no entregados por las entidades prestadoras de salud.
Durante la audiencia pública realizada en Barranquilla, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que las barreras en el acceso a medicamentos afectan a toda la población, sin distinción de régimen, y golpean con mayor fuerza a las comunidades rurales, étnicas y de baja conectividad.
Medicamentos fuera del alcance y tutela como último recurso
El informe, basado en encuestas a 3.449 personas, identificó que los medicamentos más afectados por la falta de entrega son Metformina, Valsartán, Losartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. La entidad advierte que la regresividad del sistema puede consolidarse si la cadena logística sigue privilegiando intereses comerciales sobre el canal institucional.
A septiembre de 2025, la Defensoría tiene reporte de 584 medicamentos no entregados. En el seguimiento a 1.798 casos, el 48 % permanece sin resolver y el 61 % de los usuarios optó por comprarlos directamente, lo que agrava la inequidad territorial y económica.
Entre enero de 2020 y agosto de 2025 se registraron 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional invocando el derecho a la salud. Solo en 2025, el 36,8 % de las tutelas relacionadas con este derecho se refieren a la entrega tardía de medicamentos o insumos.
La Defensoría acompañó 18.451 tutelas entre enero y agosto del mismo año, de las cuales el 24 % tuvo que ver con negación de medicamentos esenciales. Los departamentos con más casos fueron Quindío (14 %), Caldas (12 %) y Antioquia (8 %).
Un sistema con rezagos estructurales
El informe recoge información del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría, además de datos recolectados en terreno.
La Superintendencia reportó 685.000 reclamos por medicamentos entre 2022 y 2025, con un promedio diario de 1.600. En el mismo periodo, la Defensoría recibió 107.000 quejas, un aumento del 32 % entre 2023 y 2024.
Los departamentos con vulneraciones más críticas son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
La Defensora señaló que el deterioro se debe a una combinación de factores financieros, administrativos y logísticos, como la falta de transparencia de EPS e IPS, demoras en los pagos, cambios en gestores farmacéuticos sin capacidad suficiente y fallas en la rendición de cuentas.
“Mientras persista la inequidad social y económica, será difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud”, afirmó Marín Ortiz.
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Propuestas y llamado al Gobierno
La Defensoría del Pueblo propone una reforma estructural del sistema de salud que garantice sostenibilidad y equidad, acompañada de una coordinación interinstitucional efectiva para supervisar el suministro de medicamentos y servicios. También plantea fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos, e impulsar una atención con enfoque territorial, priorizando zonas rurales y poblaciones vulnerables. Finalmente, recomienda mejorar la gestión judicial y administrativa para reducir la congestión por tutelas y agilizar los reembolsos a pacientes.
La Defensoría recordó que su papel es facilitar el diálogo entre los actores del sistema.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en garantizar transiciones menos inciertas y en escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría”, concluyó Iris Marín Ortiz.
