La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes al teniente coronel retirado del Ejército colombiano Germán León Durán a cinco años, nueve meses y un día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, presentados como bajas en combate entre 2005 y 2006.
La decisión convierte a León Durán en el primer oficial del Ejército sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03, que investiga las llamadas “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, conocidas en Colombia como falsos positivos.
Según la JEP, los crímenes ocurrieron en los departamentos de Casanare y Boyacá, en el centro-este del país, cuando el oficial comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.
Un patrón sistemático de asesinatos
Durante ese periodo, la unidad desarrolló un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones de civiles. La mayoría de las víctimas eran jóvenes campesinos y personas en condición de vulnerabilidad, que fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo o señaladas como integrantes de grupos armados ilegales.
Luego eran ejecutadas y reportadas como guerrilleros muertos en combate.
El tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, así como crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. Además, señaló que el 94,8 % de los resultados operacionales reportados por el batallón durante la comandancia de León Durán fueron ilegítimos.
Durante una audiencia pública celebrada en marzo pasado en el municipio de Yopal, Casanare, el exoficial reconoció su responsabilidad y admitió que las órdenes que firmó facilitaron la ejecución de los crímenes.
“Yo emití la orden (...) Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido”, afirmó ante víctimas y familiares, según recogió la sentencia.
León Durán también reconoció que omitió deliberadamente ejercer controles sobre las operaciones de la unidad para proteger su carrera militar. Además, aceptó que se fabricaron antecedentes falsos para estigmatizar a las víctimas.
Asimismo, asumió responsabilidad por otros hechos que no habían sido imputados formalmente, entre ellos una tentativa de homicidio.
Los compromisos ante la justicia transicional
La JEP valoró positivamente el reconocimiento tardío de responsabilidad y el compromiso del exmilitar de contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas. También tuvo en cuenta su disposición a participar en actos de dignificación de las víctimas y a promover iniciativas de formación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Militares.
La sanción impuesta hace parte del régimen de justicia transicional y supone una reducción significativa frente a las penas ordinarias, que podrían superar los 20 años de prisión para delitos de esta gravedad.
No obstante, el beneficio está condicionado al cumplimiento de compromisos de verdad, reparación y no repetición.
