El debate sobre el retorno de las aspersiónes aéreas volvió a agitarse esta semana luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera su reactivación. Sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dejó claro que el uso del glifosato continúa prohibido en Colombia y que, en el mejor de los casos, su eventual aplicación sería “excepcional” y bajo estrictas condiciones.
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Precauciones y límites
Montealegre explicó que el principio de precaución se convierte en la mayor barrera jurídica: aunque no exista certeza científica absoluta sobre los efectos del herbicida, “la sola probabilidad de riesgo impide su utilización”. Recordó que la evidencia científica lo asocia con posibles efectos cancerígenos, lo que obliga a mantener la restricción.
El ministro enfatizó tres puntos centrales:
- Efectos cancerígenos: la preocupación por la salud de las comunidades expuestas obliga al gobierno a descartar el glifosato.
- Carácter excepcional: las aspersiones no pueden convertirse en regla general y solo procederían en contextos muy específicos.
- Proporcionalidad: cualquier operación debe reducir al máximo los daños y ser coherente con los objetivos de la política antidrogas.
Contexto político y presión internacional
La postura de Petro surgió el pasado lunes, tras el secuestro de más de 40 militares en El Tambo (Cauca), presuntamente ejecutado por comunidades bajo la influencia de disidencias de las FARC. Para el mandatario, estos hechos justificarían reconsiderar la sentencia de la Corte: “allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, dijo.
El giro resulta llamativo, pues Petro históricamente cuestionó las aspersiones, considerándolas un método ineficaz y una forma de criminalizar a los campesinos. La apertura se produce, además, en medio de la expectativa por el informe de Estados Unidos, que el próximo 15 de septiembre decidirá si Colombia es descertificada en la lucha antidrogas.
Obstáculos judiciales
Montealegre insistió en que la “ruta no es fácil”. La Sentencia T-236 de 2017 y los fallos posteriores de la Corte Constitucional blindan la prohibición y exigen pruebas científicas irrefutables que garanticen la ausencia de daños. Por ahora, dijo, el país debe mantener la prohibición total y solo en circunstancias extraordinarias podría darse un cambio radical.
“Por ahora Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro en la lucha contra el narcotráfico”, concluyó.
