Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las plataformas digitales de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026 en el Senado, plantea declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, actualmente sin una regulación formal en el país.
La propuesta va más allá de una discusión sobre normas y operación. Según el texto radicado, se modificaría el régimen sancionatorio vigente para considerar ilegal toda movilización de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial, lo que en la práctica pondría fin a la operación de estas plataformas. Además, faculta a las autoridades para priorizar la persecución de estos servicios y ordenar su suspensión inmediata, incluso sin una decisión judicial de fondo.
Multas y sanciones que harían inviable la operación
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el endurecimiento de las sanciones. La iniciativa contempla multas de hasta $4,7 millones por cada viaje para conductores y usuarios, así como la inmovilización de vehículos por periodos que pueden llegar hasta los 120 días en caso de reincidencia.
Cuando la ley no fija una sanción específica, la Superintendencia de Transporte estaría facultada para imponer multas de hasta $2.179 millones, lo que, según los gremios del sector, convierte el régimen en punitivo y prohibitivo.
Sanciones a plataformas y a propiedad horizontal
El alcance del proyecto no se limita a conductores y usuarios. El texto establece que los administradores de propiedad horizontal, empresas, hoteles o centros comerciales que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente” la prestación del servicio podrían enfrentar multas de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de $726 millones.
Esta disposición podría llevar a que conjuntos residenciales y establecimientos privados restrinjan el acceso de vehículos asociados a plataformas digitales para evitar sanciones, generando un veto de facto a su operación.
Críticas del gremio: “un intento de prohibición”
José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio que agrupa a plataformas digitales, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. En entrevista con Mañanas Blu, advirtió que el Gobierno estaría retrocediendo en lugar de avanzar hacia una regulación moderna.
“No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos, sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”, señaló. Según López, el impacto sería inmediato: más de 300.000 personas que hoy generan ingresos a través de estas plataformas podrían perder su sustento.
Un fenómeno masivo en la movilidad urbana
De acuerdo con cifras de Alianza In, en 2025 existían más de 12 millones de cuentas de conductores y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios en aplicaciones de movilidad. Entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan estos servicios de manera activa como parte de su vida cotidiana.
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Para el gremio, estas cifras contrastan con una iniciativa que convertiría una práctica ampliamente extendida en una actividad ilegal, sin ofrecer alternativas de transición o regulación.
Polémica por libertad de expresión y control estatal
Otro de los puntos más polémicos del proyecto es la disposición que prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos pronunciarse a favor de estas plataformas. López calificó este artículo como una “ley mordaza” que atenta contra la libertad de expresión.
El debate llega al Congreso en un momento de alta dependencia de la movilidad digital. Expertos advierten que, de aprobarse, el proyecto podría afectar el empleo, aumentar la informalidad y limitar el derecho de los ciudadanos a elegir cómo movilizarse en las ciudades.
