La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio, en calidad de indiciado, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que explique presuntas irregularidades en la compra del apartamento 901, un penthouse ubicado en el norte de Bogotá. La diligencia quedó programada para el próximo 15 de diciembre a las 9 de la mañana, ante la Dirección contra la Corrupción del ente acusador.
Inicialmente, la citación estaba prevista para el 10 de diciembre, pero fue reprogramada por motivos profesionales del directivo. La fiscal 50 seccional de la Unidad Nacional contra la Corrupción lidera esta línea de investigación, que se enmarca en un expediente mayor sobre presuntas anomalías en contratos otorgados por la estatal petrolera.
El foco de la investigación: la compra del apartamento 901
Según reveló Blu Radio, la Fiscalía busca establecer si la adquisición del inmueble, valorado en 1.800 millones de pesos, se hizo conforme a la ley o si pudo existir un acuerdo previo que favoreciera a empresas del empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono, cuyo grupo habría sido propietario del penthouse al momento de la transacción.
La línea de tiempo que examina el ente acusador incluye tres hitos clave: la compra del inmueble en diciembre de 2022; el nombramiento de Roa como presidente de Ecopetrol por el presidente Gustavo Petro en abril de 2023; y la adjudicación, en marzo de 2024, de los derechos de exploración del bloque Sinú 9 a una empresa asociada a Iácono.
Las investigaciones periodísticas señalan que el valor pagado por Roa sería inferior al precio promedio del mercado para un inmueble de ese tamaño y ubicación, lo que aumentó las sospechas sobre la operación.
La defensa aporta 76 folios de trazabilidad financiera
Ante el avance del proceso, la defensa de Roa entregó a la Fiscalía un paquete de 76 folios que incluye contratos, cheques, extractos bancarios y documentos crediticios. Según el abogado Juan David León, estas pruebas demostrarían que la compra se hizo con plena transparencia y que el monto pagado corresponde al valor consignado en la escritura y en la promesa de compraventa.
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“El pago de los 1.800 millones de pesos quedó sustentado en la trazabilidad financiera, respaldada por créditos bancarios que permitieron al doctor Roa contar con la solvencia necesaria”, afirmó el jurista. Añadió que adquirir una vivienda no constituye una irregularidad y que Roa y su pareja habían evaluado otros inmuebles antes de concretar esta compra, sin conocimiento de que pertenecía a una empresa asociada a Iácono.
Expectativa por la diligencia y llamado a una investigación imparcial
La defensa confía en que la Fiscalía actuará con transparencia y sin interferencias políticas. La diligencia del 15 de diciembre será clave para clarificar las circunstancias de la compra y determinar si existió algún beneficio indebido previo a que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol.
