Natalia Bedoya, activista política del uribismo, sigue firme en la idea de promover ante el Congreso de la República una "ley anti-bloqueo" que imponga medidas como la cárcel para quienes bloqueen vías en el país.
Según explicó con la ayuda de un video publicado en su cuenta de Twitter, existen siete razones para que se apruebe este proyecto: el desabastecimiento de insumos, los bloqueos a misiones médicas, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad.
En junio, Natalia Bedoya anunció que le propuso esta idea al Gobierno para que presente un proyecto de "ley anti-bloqueo" al Congreso porque, según dijo, es necesario "que se acabe la permisividad” y así “los vándalos vayan a la cárcel por afectar la movilidad de los colombianos”.
"Quiero proponer al Gobierno Nacional que mediante un proyecto de ley se modifique el artículo 353A del Código Penal, aumentando la pena de prisión para quienes bloqueen el país. Necesitamos que estos vándalos estén tras las rejas. Cárcel al vandalismo”, señaló en ese momento.
Tras esta publicación, varios abogados y abogadas cuestionaron a la activista por “hacer propuestas que son inútiles” y que “solo promueven el populismo punitivo”, pues, según ellos, la cárcel y el aumento de penas no servirán para solucionar esta problemática que afecta al país.
Otros, por su parte, han apoyado la propuesta de Natalia Bedoya con el argumento de que se debe imponer una sanción ejemplar a quienes afecten la movilidad de los ciudadanos.
Actualmente, el artículo 352A del Código Penal dice lo siguiente:
“El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.
Opinión de un experto
A propósito, el abogado Rubén Acosta dijo en anterior diálogo con KienyKe.com que este tipo de leyes anti-bloqueo han sido una de las últimas tendencias legislativas promovidas en Latinoamérica para criminalizar la protesta social y evitar que los “paros” causen efectos en la movilidad y economía de los lugares afectados.
Según dijo, países como Chile, México y Venezuela ya cuentan con antecedentes al respecto y señaló que la propuesta de aumentar las penas a quienes bloqueen las vías del país, “además de ser incoherente”, busca agravar la conflictividad social en vez de solucionarla mediante el diálogo y atendiendo las necesidades básicas.
“No podemos acudir siempre al derecho penal para pretender solucionar problemas sociales. Este tipo de iniciativas se acumulan a un amplio catálogo punitivista que busca todo tipo de prebendas populistas sin que solucionen absolutamente nada, con una característica especial y es que en este caso quienes pretenden promoverla carecen de una enorme legitimidad que difícilmente encuentra respaldo”, finalizó.
