Un año después de la expedición del decreto 297 de 2024 con el que se conforma y se reglamenta el comité creado para el traslado de las Comisarías de Familia de la Secretaría de Integración Social (SDIS) a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), y casi alcanzando dos años de la fecha definida para este cambio en el Plan Distrital de Desarrollo, seguimos a la espera de conocer el estudio de focalización que identifique necesidades de atención de violencias en el contexto familiar, incluyendo las zonas con necesidad de atención de 24 horas para la ampliación adecuada del servicio.
Lo anterior, de la mano con la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2023-2033, que establece en sus anexos la “Gestión administrativa, técnica, jurídica y financiera para el traslado de Comisarías de Familia desde el sector Integración Social al sector Seguridad, Convivencia y Justicia”, que busca promover una mejor dinámica entre las entidades corresponsables en la garantía del derecho a una vida libre de violencias de las víctimas en el contexto familiar, dada la articulación interinstitucional y la infraestructura para el acceso a la justicia que tiene la SDSCJ.
El último informe entregado de implementación del plan de traslado, las Secretarías comprometidas a través del comité de seguimiento asumieron algunas responsabilidades. Durante la fase de diseño y estructuración del traslado se definieron una serie de componentes o áreas estratégicas para garantizar la operación de las Comisarías de Familia y el traslado de productos bienes y servicios. Esto contrasta con los informes emitidos por la Contraloría de Bogotá, en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (vigencia 2024), que presenta observaciones administrativas que evidencian deficiencias críticas en la planeación, ejecución, seguimiento y control presupuestal de los proyectos de inversión de la SDIS, alineados con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” en relación con las Comisarías de Familia, ubicando los siguientes hallazgos críticos:
- Déficit estructural en la prestación del servicio: persisten solo 38 Comisarías pese al crecimiento poblacional. Sumado a que no se han garantizado condiciones adecuadas de infraestructura, accesibilidad ni dotación tecnológica. La orden normativa es que debe existir al menos una Comisaría de Familia por cada 100.000 habitantes, evidenciándose así, una brecha significativa en cobertura, personal, infraestructura y enfoque de atención integral.
- Impacto negativo en la salud laboral: aumentan los casos reportados de problemas de salud mental, en deterioro del clima organizacional. Justamente con ocasión al déficit de comisarias por habitantes en la ciudad se genera sobrecarga laboral.
- Vulneración de derechos y fallas misional por demoras en las respuestas a PQRS y tutelas, que afectan el acceso a la justicia y falta de diligencia en medidas de protección, atención y reparación para víctimas de violencia intrafamiliar.
- Uso inadecuado del recurso humano por elevada contratación por prestación de servicios para funciones misionales permanentes, lo que ha generado demandas por “contrato realidad” y débil avance en el proceso de formalización laboral, pese a la creación de 635 cargos a través del decreto No. 296 de 2024.
- Ausencia de capacitación efectiva: aunque se reportan capacitaciones, los funcionarios manifiestan no haber participado por sobrecarga laboral.
A partir de esto se exigió un plan de mejoramiento inmediato con seguimiento periódico. Plan que conocimos, y con el que se responde a cada uno de los hallazgos a través de una matriz contenida de una serie de indicadores, de los que destaco el denominado “Nombramientos y Posesiones de Servidores”, cuya meta es solo de 9 para noviembre del 2025, siendo el resto de indicadores enunciados abiertos, sin metas específicas que respondan puntualmente a las problemáticas ubicadas.
Esta transformación demanda mayor rigurosidad, dado que las cifras por violencia intrafamiliar siguen siendo alarmantes. En las violencias basadas en género, son estas las que más tendencia a aumento tienen. Los datos registrados por el Sistema Violeta en lo corrido de 2025, acumulan más de 20.228 casos con corte a julio. Las Comisarías juegan un papel crucial en la atención de este delito, y si bien se han implementado medidas importantes para la atención de las VBG en la ciudad, estas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
En ese sentido, consideramos que es importante comprometer una atención integral, con enfoque de género, diferencial e interseccional, especialmente con un enfoque de prevención y atención frente a las violencias basadas en género. Para ello deberá formarse adecuadamente a los funcionarios y facilitar un mejor seguimiento de las acciones. Esto, teniendo en cuenta que muchas mujeres han denunciado sentirse revictimizadas e indebidamente atendidas.
De esta manera, se puede apuntar a reducir el número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que, aun contando con medidas de protección, enfrentan su incumplimiento. En lo corrido de 2025, se han registrado 3.343 casos en esta situación, siendo Ciudad Bolívar, Usme y Bosa las localidades con mayor concentración de hechos.
No obstante, preocupa que para julio del 2025 se contaba solo con 179 funcionarios de carrera en despacho comisarial, de una planta total de 628. Esto, sin incluir las y los apoyos a la gestión vinculados bajo la figura de OPS. El modelo actual de operación de las Comisarías de Familia —con alta tercerización, infraestructuras deterioradas y baja tecnificación— pone en entredicho la voluntad institucional de garantizar derechos fundamentales.
En este año en particular se suma la limitación relacionada con la ley de garantías, que puede afectar el cronograma del traslado y profundizar el evidenciada sobrecarga laboral, ya que aunque la norma indica que las Comisarías deberán contar con un equipo interdisciplinario con una conformación especifica, y que los empleos creados de las Comisarías de Familia, de nivel profesional, técnico o asistencial se clasifican como empleos de carrera administrativa, la realidad es otra.
Se requiere entonces, una transformación profunda en la política pública y administrativa que rige estas instituciones, así como atención real y con celeridad a las alertas impartidas por Contraloría de Bogotá, con un fortalecimiento real del talento humano, la infraestructura y la respuesta oportuna a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad, mejorar los enfoques en función de la protección de la vida, especialmente mujeres en riesgo de violencia en las localidades más empobrecidas de la ciudad. Por ende, urge fortalecer la capacidad de adaptación de las entidades involucradas y la eficiencia en la gestión de recursos humanos, técnicos y financieros, los cuales no se pueden escatimar. Asimismo, se debe mejorar la comunicación con el ciudadano y el monitoreo de impactos sociales del traslado, ya que la ampliación y mejora del servicio de las Comisarías de Familia no se resuelve con el simple cambio de Secretaría.
