En las últimas semanas, Bogotá presenció una fuerte polémica en el Concejo por el Proyecto de Acuerdo de supuestos beneficios tributarios presentado por la Administración de Carlos Fernando Galán, que bajo el discurso de “fortalecer” las finanzas públicas y atraer inversión buscaba favorecer intereses particulares. Esta propuesta, que generó un amplio rechazo por parte de diversos sectores, principalmente porque estaba guiada a favorecer el capital extranjero y a las inmobiliarias, trasladando el peso de la carga fiscal a la clase media, al comercio y a las MiPymes. No obstante, el propio alcalde decidió retirar el Proyecto ante los múltiples impedimentos y falta de consenso para su aprobación en el Concejo, sumado a que se habían excedido los tiempos mínimos establecidos para su discusión, pese a que pretendían que fuese aprobado a pupitrazo. Sin embargo, cabe destacar que la Administración ha manifestado su intención de volver a presentarlo, razón por la cual consideramos necesario analizar a fondo su contenido y expresar nuestro rechazo frente a la posibilidad de que se radique nuevamente en los mismos términos en que fue concebido inicialmente.
Para empezar, queremos destacar que esta propuesta estuvo a cargo de una comisión de expertos creada en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. A primera vista, podía parecer un grupo técnico y neutral, pero al revisar las trayectorias de sus integrantes se revela una orientación preocupante: la mayoría de ellos provienen de la banca internacional, organismos multilaterales y grandes gremios empresariales.
Entre los miembros más destacados se encuentran figuras como Beatriz Arbeláez, con una amplia trayectoria en la banca privada internacional; Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, cuestionado por los Pandora Papers y conflictos de interés en contratos de TransMilenio; y María Carolina Castillo, suspendida por la Procuraduría por acoso laboral. Además, la participación de economistas ligados a la OCDE y a bancos internacionales confirma que esta política tributaria se diseñó pensando en los intereses del gran capital, no en las necesidades de Bogotá ni de sus habitantes.
Por ende, no se hace raro que el proyecto representara un modelo de ciudad profundamente desigual, que bajo el discurso de la modernización y el crecimiento económico pretendía entregar las rentas públicas y el valor del suelo urbano al capital extranjero y a los grandes grupos inmobiliarios. No se trataba de una reforma tributaria justa, sino de una política fiscal diseñada para favorecer a unos pocos, mientras descargaba las cargas sobre la economía popular, la clase media y las MiPymes que generan más del 80% del empleo en Bogotá.
El engaño de la simplificación tributaria
Uno de los pilares de la propuesta era la simplificación de las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Según la Administración, esta medida beneficiaría al 68% de las empresas, de las cuales el 93% son micro y pequeñas. Sin embargo, al revisar en detalle las actividades incluidas, se evidencia un patrón claro la reducción o mantenimiento de tarifas se concentraba en los sectores más grandes de la ciudad, mientras que, para el comercio y otros sectores locales, las disminuciones no eran competitivas en comparación con los beneficios otorgados a las actividades económicas que concentran mayor capital y que, además, en muchos casos están ligadas al fortalecimiento del negocio aeroportuario.
Actividades como el transporte aéreo internacional de carga y pasajeros, los servicios portuarios y complementarios, y otras relacionadas con la operación del aeropuerto, mantenían tarifas reducidas del 4x1000, favoreciendo a grandes operadores logísticos y cadenas internacionales. En contraste, sectores como el comercio de alimentos, prendas de vestir, calzado o materias primas agrícolas continuaban enfrentando tarifas altas, del 7x1000 y hasta el 11x1000, reflejando una priorización evidente de los intereses aeroportuarios sobre la economía local y popular.
A esto se suma un aumento dramático del ICA para el comercio de bebidas, licores y cigarrillos, que pasaba de 11.04x1000 a 21x1000. Esta medida, junto con la reciente restricción de horarios para bares y discotecas, asfixiaba a la economía nocturna de Bogotá, incentivando la informalidad y fortaleciendo la clandestinidad. Lejos de reconocer su papel estratégico, esta política amenazaba con quebrar a cientos de negocios formales que también generan empleos en la ciudad.
El negocio del aeropuerto y el lucro del capital extranjero e inmobiliario
La propuesta buscaba incentivar la inversión extranjera en sectores estratégicos como la manufactura y la ciencia mediante exenciones en el ICA. No obstante, no se entiende por qué estas medidas no contemplan también a la inversión local, ya que para acceder a los incentivos se imponen restricciones como no haber aportado al impuesto de ICA en el año inmediatamente anterior, lo que en la práctica limita la participación de los actores económicos nacionales. En estas inversiones no se exige la generación de empleo como requisito para mantener la exención.
Asimismo, se plantearon exenciones en el ICA, el impuesto predial y la Delineación Urbana (licencias de construcción) para quienes realicen inversiones en las zonas de tratamiento urbanístico de desarrollo o en las áreas de grandes servicios metropolitanos vinculadas a la Actuación Estratégicas del Distrito Aeroportuario Engativá–Fontibón. Sin embargo, dichas exenciones están dirigidas exclusivamente al capital extranjero que desarrolle actividades principalmente relacionadas con el aeropuerto, tales como el transporte aéreo nacional e internacional de carga, almacenamiento y depósitos, operaciones aeroportuarias, servicios de alojamiento, entre otros.
La propuesta establece como condicionante para acceder a estas exenciones que las inversiones se realicen dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del proyecto. En este incentivo, vinculado al aeropuerto, sí se exige la generación y el mantenimiento de un número determinado de empleos, bajo la premisa de que con ello se crearán más de 200 mil puestos de trabajo que contribuirían a reducir la informalidad laboral. No obstante, nuestra preocupación radica en que, en lugar de generar nuevos empleos, se terminen reemplazando los ya existentes y debilitando así la base de la economía local, debido al escaso estímulo que se brinda a la formalización del mercado laboral de Bogotá.
Además, el proyecto contemplaba que los propietarios que entregaran sus predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana recibirían como compensación un apartamento en el nuevo proyecto, acelerando la venta de predios y evitando la obligación de una compensación justa a los moradores históricos. En otras palabras, se creaba un mecanismo de presión para facilitar el despojo y la concentración de la tierra urbana.
Adicionalmente, se proponía una exención predial para proyectos de arrendamiento especializado, permitiendo que grandes fondos inmobiliarios se lucraran del arriendo de miles de viviendas sin pagar por la propiedad de los terrenos. Esto perpetuaba un modelo en el que el acceso a la vivienda desaparece como derecho, reemplazado por un esquema financiero en el que los ciudadanos se convierten en simples arrendatarios o inversionistas, sin posibilidad real de acceder a una vivienda digna. En lugar de garantizar el derecho a la vivienda, se promovía la especulación y el negocio inmobiliario.
Impacto sobre MiPymes y clase media
La propuesta se presentaba como un mecanismo para fortalecer la economía local, pero en realidad golpeaba a las MiPymes y a la clase media. Bogotá cuenta con más de 441.000 empresas vigentes, de las cuales el 99,2% son micro, pequeñas y medianas. Sin embargo, solo una fracción de ellas logra formalizarse y aportar regularmente a los tributos distritales debido a las altas cargas fiscales y la inestabilidad económica.
En lugar de ofrecer incentivos reales para la formalización, el proyecto incrementaba la tarifa del ICA para quienes están acogidos al Régimen Simple de Tributación, que reúne a la mayoría de microempresas y pequeños negocios. En algunos casos, la tarifa propuesta alcanzaba hasta el 30x1000, eliminando la ventaja que supone tributar de manera simplificada y obligando a muchos negocios a regresar a la informalidad.
A esto se sumaba el retorno del impuesto al alumbrado público, con tarifas que llegaban hasta el 10% para establecimientos comerciales e industriales y entre el 5% y el 10% para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6. Dicha medida trasladaba nuevamente la carga a la clase media y a los pequeños empresarios, profundizando las desigualdades y debilitando la base productiva de la ciudad.
Esto explica por qué la propuesta priorizaba exenciones para grandes inversionistas extranjeros, mientras desatendía a las MiPymes, a los comerciantes locales y a los ciudadanos que, con sus impuestos, sostienen las finanzas del Distrito. Por tal motivo, es urgente democratizar la toma de decisiones tributarias y garantizar que los verdaderos beneficiarios de estas políticas sean quienes habitan y trabajan en Bogotá, por ello, no puede volver a presentarse una iniciativa de ese estilo sin que se construya con la participación de los sectores que más se pueden ver impactados, aquellos que no hacen parte de las grandes organizaciones gremiales a las que sí se ha recurrido para su formulación.
Saludamos que el alcalde haya decidido retirar la reforma de “incentivos tributarios”, esperando que evalúe mejor las prioridades de la ciudad y que no insista en presentar la misma propuesta, pues ya son dos intentos fallidos de impulsar reformas que afectan a la clase media, al sector comercial e industrial, y a las MiPymes que generan la mayoría del empleo en Bogotá.
La prioridad no puede seguir siendo el acaparamiento del suelo para favorecer las ganancias privadas, mientras se niega a los pobladores el acceso a una vivienda digna. Tampoco puede ser la ejecución apresurada de actuaciones estratégicas que desconocen a los habitantes históricos de los barrios y que no garantizan una compensación justa a los propietarios. Mucho menos puede ser debilitar la economía nocturna, empujándola hacia la clandestinidad y la quiebra, cuando este es un sector estratégico.
Desde esta curul seguiremos defendiendo una política tributaria justa para Bogotá, que fortalezca la economía popular y garantice los derechos de quienes la habitan. Galán: La ciudad no es suya para venderla, sino nuestra para habitarla.
