El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, suma un nuevo capítulo marcado por denuncias internas y cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Lucy Marcela Laborde, fiscal encargada de la investigación, denunció presiones indebidas e irregularidades dentro del proceso que, según ella, afectan su autonomía e imparcialidad.
En una carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Laborde expresó su preocupación por la asignación de una fiscal de apoyo y por reuniones inesperadas dentro de la institución que, a su juicio, comprometen la independencia de su trabajo. La funcionaria aclaró que ha llevado todas las etapas de la investigación por su cuenta y que la presencia de otra fiscal resulta innecesaria.
La fiscal también cuestionó la falta de transparencia en la gestión de las solicitudes de la defensa de Nicolás Petro, que habrían sido atendidas de manera oculta por otras dependencias de la Fiscalía, lo que, según Laborde, podría poner en riesgo la integridad del proceso.
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En la carta, menciona específicamente a Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, como responsable de algunas de las presiones señaladas. Mesa Agudelo, con más de 30 años de trayectoria en el ente acusador, ha estado involucrada en investigaciones de alto perfil y ocupa un cargo clave dentro de la estructura de la Fiscalía.
El caso ha generado repercusiones políticas y mediáticas. La precandidata presidencial Vicky Dávila manifestó su apoyo a Laborde en redes sociales, asegurando que la fiscal enfrenta presiones justamente por actuar con imparcialidad. Mientras tanto, sectores políticos y ciudadanos siguen de cerca cada movimiento en la investigación de Nicolás Petro, quien enfrenta imputaciones por delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.
Este conflicto interno ocurre en un contexto de creciente tensión judicial y política en Colombia, donde los casos que involucran a familiares de figuras públicas suelen atraer la atención mediática y generar debates sobre la transparencia y la independencia de las instituciones.
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La denuncia de Laborde pone de relieve, según expertos, la importancia de garantizar que la justicia actúe sin interferencias externas, más aún en procesos de alto perfil que involucran a la familia presidencial.
Con estas revelaciones, la investigación contra Nicolás Petro se mantiene en el centro de la atención pública, mientras la Fiscalía debe enfrentar ahora un debate sobre cómo equilibrar su estructura interna y proteger la autonomía de los fiscales en casos sensibles.
