La condena de solo 7 años al joven de 17 años que asesinó al candidato Miguel Uribe ha encendido un debate nacional. La ley lo protege como menor de edad, pero para la sociedad se trata de un homicida que debería enfrentar una sanción mucho más severa.
El caso deja en evidencia una práctica cada vez más común: los grupos armados y criminales utilizan adolescentes como sicarios porque saben que la legislación los ampara con penas reducidas. En la práctica, los mayores planean, los menores ejecutan y, al final, la sanción es mínima frente a un crimen mayor.
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La indignación es comprensible: la gente siente que un asesino es un asesino, sin importar la edad, y que el mensaje que deja esta condena es peligroso para un país marcado por la violencia. Pero también hay quienes recuerdan que detrás de ese muchacho hay otra historia: pobreza, drogas, abandono y la ausencia total del Estado.
El dilema es profundo: ¿se debe endurecer la ley para enviar un mensaje ejemplar o reconocer que muchos de estos jóvenes son también víctimas sociales? En el fondo, esta condena no solo mide la edad del asesino, sino también la madurez de Colombia para enfrentar las raíces de su violencia.
