Al filósofo griego Pericles, en el siglo V antes de Cristo, se le atribuye la expansión del modelo de gobierno que hoy conocemos como democracia. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en el epicentro de un sistema basado en la deliberación pública, la participación ciudadana y el consenso, principios que aún inspiran a las sociedades modernas y sustentan la legitimidad del poder político.
En Colombia, los primeros pasos hacia la democracia se dieron con la independencia de 1810. Aquella gesta fue el punto de partida de un proceso lleno de desafíos, marcado por guerras civiles, disputas entre élites y una larga lucha por la inclusión de sectores históricamente marginados. Desde entonces, el camino ha estado lleno de avances y retrocesos, pero siempre guiado por la búsqueda de un ideal: la soberanía del pueblo.
La Constitución de 1886 marcó un punto de inflexión. Dio forma a un Estado centralista y fortaleció el poder del Ejecutivo, limitando la autonomía regional y la participación ciudadana. Aquella herencia institucional dejó una huella profunda que aún condiciona las distintas administraciones.
El siglo XX trajo conquistas democráticas que ampliaron los horizontes de participación. La más significativa, en la década de los cincuenta, fue el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres; y en 1986, la elección popular de alcaldes, que acercó la democracia a los territorios y fortaleció la autonomía local.
La Constitución de 1991 representó un nuevo renacer democrático. Abrió las puertas a un Estado social de derecho pluralista, diverso y participativo. Reconoció a las comunidades indígenas y afrodescendientes, promovió los derechos fundamentales y sentó las bases de una ciudadanía más activa. No obstante, muchos de los ideales de esa Carta aún están en construcción.
Hoy, la democracia colombiana enfrenta retos diferentes, pero igualmente complejos. La polarización, el discurso de odio, la desinformación y el uso irresponsable de las redes sociales amenazan la convivencia y debilitan la confianza institucional. A ello se suma la persistencia de la violencia electoral, un fenómeno que distorsiona la voluntad popular.
“Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas, mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa, por eso mi propuesta es paz electoral” expresó el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach, protagonista de una estrategia tan necesaria como urgente.
La Paz Electoral a juicio del Procurador, fortalecerá la democracia, las libertades y el ordenamiento jurídico. También busca que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin miedo ni presiones, que las campañas se den en un ambiente de respeto y que el debate público tenga altura.
Porque al final, la democracia se defiende votando con libertad, dialogando con respeto y participando con conciencia. Solo así el voto —libre, informado y soberano— podrá seguir siendo el verdadero instrumento de la paz, para definir el rumbo de la nación.
