La reforma pensional en Colombia ha generado un debate tan relevante como necesario, especialmente al observar las profundas inequidades que caracterizan el sistema actual. La propuesta de reforma presentada por el gobierno de Gustavo Petro busca reformar un sistema pensional obsoleto y excluyente, que solo cubre a un pequeño porcentaje de la población.
En un país donde más del 60% de la población laboral está en situación de informalidad, y solo el 35% de los adultos mayores tienen acceso a una pensión, resulta fundamental que se tome acción para garantizar una vejez digna para todos los colombianos. Sin embargo, no todo lo que se presenta como solución en la reforma ha sido recibido con optimismo, y el debate sigue siendo intenso en diferentes sectores de la sociedad.
Una de las propuestas más controvertidas de esta reforma tiene que ver con el cambio hacia un sistema de ahorro colectivo para aquellos que no están en el sistema pensional. Esta es una medida que busca dar acceso a pensiones dignas a trabajadores informales, los cuales históricamente han sido excluidos del sistema de seguridad social.
Con esta reforma, se pretende construir una red más amplia de cobertura, brindando a los trabajadores informales la posibilidad de empezar a cotizar. Sin embargo, aquí surge una pregunta crítica: ¿Cómo garantizar que esta ampliación no genere una carga fiscal insostenible para el país? La idea de un sistema colectivo, en principio, es acertada para incluir a más personas, pero su viabilidad financiera sigue siendo un punto central de discusión, sobre todo considerando que el sistema actual está lejos de ser autosostenible y ya enfrenta grandes desafíos económicos.
En tal sentido, el tema de la sostenibilidad fiscal no es un tema menor. De acuerdo con fuentes oficiales, la implementación de la reforma implicará un costo inicial considerable, estimado en 16 billones de pesos, lo que podría aumentar el déficit fiscal del país en el corto plazo. Esto plantea un dilema: ¿cómo se financiarán las reformas sin afectar otras áreas cruciales del gasto público, como la educación o la salud? Esta pregunta se hace aún más urgente cuando consideramos que Colombia ya enfrenta una deuda pública creciente y una presión fiscal que no da tregua.
Es cierto que las reformas pensionales suelen generar ahorros a largo plazo, pero en el corto plazo, las cargas fiscales podrían ser significativas. En este sentido, la capacidad del gobierno para implementar la reforma de manera eficiente dependerá de cómo logre equilibrar los recursos disponibles y evitar que la deuda pública aumente aún más.
El sistema pensional colombiano se caracteriza por su profunda desigualdad. Los trabajadores del sector público disfrutan de pensiones relativamente altas, mientras que los del sector privado, en su mayoría, deben depender de los fondos privados de pensiones. Este modelo ha llevado a una disparidad significativa, ya que los fondos privados, a pesar de ser considerados por algunos como una solución más flexible, han demostrado ser ineficaces para garantizar pensiones suficientes a los trabajadores que más lo necesitan.
Según el informe de Consultor Salud, el 75% de los trabajadores afiliados a fondos privados no logran acceder a pensiones adecuadas, lo que pone de manifiesto la ineficiencia de este sistema para cubrir a la mayoría de los colombianos. Aquí es donde la reforma propone una solución: la ampliación del sistema colectivo de ahorro, que podría ser un primer paso hacia una mayor equidad en la distribución de las pensiones.
Ahora bien, en cuanto a las críticas, una de las más importantes se refiere a la inclusión de la "mesada 14", un pago adicional que ha sido interpretado por muchos como una carga innecesaria para las finanzas del sistema pensional. Si bien la mesada 14 ha sido considerada un beneficio para los pensionados, su inclusión en la reforma ha generado controversia, ya que podría generar una mayor presión fiscal. No solo representa un desembolso adicional, sino que también podría agravar el déficit en el sistema pensional, complicando aún más el panorama fiscal del país. El debate sobre la mesada 14 ilustra las tensiones entre mejorar los derechos de los pensionados y garantizar la sostenibilidad del sistema.
En términos de justicia social, la reforma debe abordar las desigualdades estructurales que existen en el país. Más del 50% de los casos de reclutamiento pensional en Colombia involucran a personas de comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales. Esto refleja una exclusión histórica que debe ser corregida. Las poblaciones más vulnerables deben ser una prioridad en la reforma pensional, garantizando que no solo tengan acceso al sistema, sino que también reciban pensiones justas.
Por tanto, la desigualdad de género en el sistema pensional también es alarmante. En Colombia, las mujeres enfrentan una brecha salarial significativa que limita su capacidad de ahorrar para la vejez. Esto se agrava por el hecho de que las mujeres, en su mayoría, realizan trabajo no remunerado, lo que las coloca en una posición de vulnerabilidad económica. La reforma pensional debe, por lo tanto, tener en cuenta estas desigualdades y ofrecer soluciones específicas para garantizar una pensión justa para las mujeres, que históricamente han sido las más afectadas por la exclusión económica.
Es así que el sistema pensional también debe abordar de manera integral el trabajo no remunerado, que es fundamental para el bienestar de la sociedad, pero que sigue siendo invisibilizado. Las mujeres, especialmente en las zonas rurales, son las principales responsables de las tareas de cuidado no remuneradas, lo que limita su capacidad para acceder a pensiones y participar plenamente en el sistema económico.
Si bien algunos avances se han logrado en cuanto al reconocimiento del trabajo doméstico, la reforma pensional debe seguir avanzando en la integración de este tipo de trabajo en el sistema de seguridad social, brindando una mayor protección a aquellas que realizan estas tareas vitales para la sociedad.
En cuanto a la posición de la Corte Constitucional, que se encuentra evaluando la reforma, este será un momento crucial para determinar si el modelo propuesto es constitucionalmente viable y si responde de manera efectiva a las necesidades de los colombianos. De acuerdo con las últimas noticias, la Corte tendrá que tomar una decisión que podría marcar un antes y un después en el sistema pensional colombiano.
No obstante, más allá del fallo judicial, la pregunta clave es cómo garantizar que esta reforma se implemente de manera que no solo aumente la cobertura, sino que también logre una distribución justa de los recursos y beneficios, sin afectar la estabilidad fiscal del país.
En este orden de ideas, el futuro del sistema pensional colombiano está en juego, y la reforma debe ser vista como una oportunidad para transformar un sistema que ha perpetuado la desigualdad. Si bien los riesgos de la reforma son palpables, su implementación podría significar el inicio de un cambio estructural que finalmente permita a todos los colombianos acceder a una pensión digna en su vejez. El desafío radica en cómo implementar esta reforma de manera eficiente, sin aumentar el déficit fiscal y sin crear nuevas desigualdades.
Es esencial que el gobierno y las partes interesadas encuentren un equilibrio entre la necesidad de garantizar el acceso a pensiones para todos los colombianos y la necesidad de asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Solo así podrá garantizarse que esta reforma no se convierta en una carga para las futuras generaciones, sino en un pilar para la justicia social y la equidad. La reforma pensional no puede ser una solución superficial, debe ser un cambio profundo que realmente transforme el sistema y haga de la vejez de los colombianos una etapa digna, segura y protegida. Solo a través de un proceso transparente, inclusivo y bien diseñado, Colombia podrá alcanzar un sistema pensional que beneficie a todos, sin distinción de género, clase social o región.
