El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que ese país concediera asilo diplomático a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo.
La decisión fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Zela, durante una rueda de prensa desde Lima.
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Cancillería peruana acusa intervención mexicana
Según De Zela, la medida responde a una injerencia reiterada de México en los asuntos internos peruanos. El canciller afirmó que el Gobierno mexicano ha difundido “una versión tendenciosa e ideologizada” sobre los hechos vinculados al supuesto intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
El diplomático acusó además a la administración mexicana de presentar a los implicados como víctimas de persecución política.
“Aún en tiempos recientes la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es perseguido político y que la cómplice Betssy también es perseguida política. Eso es falso y se trata de un proceso judicial”, sostuvo.
México rechaza la medida
Por su parte, el Gobierno de México calificó la decisión peruana como “unilateral, excesiva y desproporcionada”, asegurando que el asilo concedido a Chávez se otorgó en cumplimiento del derecho internacional y de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, suscrita por ambos países.
“México otorgó asilo diplomático a la ex primera ministra del Perú Bettsy Chávez Chino en pleno apego al derecho internacional”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado divulgado la noche del lunes.
El caso Betssy Chávez
De acuerdo con la Cancillería peruana, la Embajada de México en Lima confirmó la concesión del asilo a Chávez, lo que —según las autoridades peruanas— revela la falta de interés del gobierno mexicano por mantener la relación bilateral.
Chávez permaneció en prisión desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, cuando fue excarcelada por orden judicial para continuar su defensa en libertad. Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró a la radioemisora RPP que desconocía su paradero en los últimos días y tampoco sabía del proceso de asilo.
La exfuncionaria es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el intento de disolución inconstitucional del Congreso del 7 de diciembre de 2022, impulsado por Pedro Castillo. Ella ha negado haber participado en la intentona golpista.
El Tribunal Constitucional (TC) determinó a inicios de septiembre que su encarcelamiento había sido arbitrario, por lo que ordenó su excarcelación inmediata.
Un conflicto diplomático en desarrollo
La tensión entre ambas naciones no es nueva. Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, México afirmó su apoyo a Castillo incluso después del intento de cerrar el Congreso, lo que derivó en que el Legislativo peruano lo declarara persona non grata en mayo de 2023.
Ya en febrero de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó de “injusticia” el proceso penal contra Castillo, suscitado tras acusaciones de corrupción y el intento de golpe. Perú rechazó esas declaraciones, señalando que contravenían el principio de no intervención.
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Este lunes, la Presidencia de Perú reiteró su respaldo a la decisión de la Cancillería por lo que describió como una intervención reiterada del gobierno mexicano.
El presidente interino peruano, José Jerí, respaldó igualmente la medida, destacando que se trata de “decisiones firmes” frente a actos que considera inamistosos.
Aunque queda formalmente rota la relación diplomática, De Zela aclaró que las relaciones consulares se mantienen. Añadió que Perú espera una comunicación formal del gobierno mexicano para avanzar en el proceso de asilo de Chávez.
