El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar, en un plazo máximo de cinco días, las declaraciones en las que vinculó a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia con los denominados “falsos positivos”.
La decisión se dio tras una acción de tutela presentada por la congresista, quien alegó que el mandatario vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra al afirmar, el pasado 25 de septiembre, que ella había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional a comienzos de los años 2000.
“Afirmaciones sin sustento fáctico”
En su fallo, el juzgado señaló que las declaraciones del presidente fueron “carentes de verificación mínima y sustento probatorio”, y que no se trataban de una opinión en el marco del debate político, como argumentó la defensa de la Presidencia.
“Las expresiones emitidas por el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la accionante”, concluyó el despacho judicial.
La sentencia ordena que el mandatario se retracte públicamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación oficial de la decisión.
La defensa de Paloma Valencia
La senadora del Centro Democrático había solicitado la rectificación a los pocos días del comentario presidencial, recordando que nunca ha sido procesada ni condenada por vínculos con falsos positivos.
En su tutela, Valencia aseguró que las afirmaciones del mandatario “podrían configurar el delito de hostigamiento por ideología política”, generando un riesgo comunicativo que afecta su reputación.
- Le puede interesar: Estos fueron los más votados al Senado en la consulta del Pacto Histórico
Segunda retractación en menos de una semana
Este nuevo fallo se suma a otra orden judicial emitida recientemente por un juzgado de Bogotá, que también obligó al presidente Petro a retractarse de declaraciones contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Con esta decisión, el mandatario acumula varias órdenes de retractación por sus expresiones públicas, las cuales —según los jueces— han sobrepasado los límites del debate político y vulnerado derechos fundamentales de figuras de la oposición.
