Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), conocidas como curules de paz, completaron su primer periodo en la Cámara de Representantes. Nacieron para darle voz política a zonas rurales golpeadas por el conflicto y para poner en la agenda del Congreso temas de víctimas y territorio.
La siguiente elección de estas curules será el 8 de marzo de 2026. Ese día se verá si lo que se abrió como una puerta de representación se consolida como un mecanismo estable o se queda corto en participación y garantías.
¿Cómo funciona la elección?
La regla central es simple y tiene consecuencias grandes: se vota en puestos rurales dentro de los municipios CITREP y no en la cabecera municipal. Además, las CITREP van en tarjetón separado, no mezcladas con el resto de la Cámara.
Las listas llevan dos personas candidatas, una por cada género. En pocas palabras, el diseño busca que el voto sea de la ruralidad y que haya paridad, pero también hace que la campaña y la pedagogía electoral dependan de llegar a veredas, corregimientos y puestos apartados.
¿Qué han logrado?
Los logros más fáciles de verificar aparecen en dos lugares: en el trabajo legislativo y en la forma de tramitarlo con la gente en el territorio.
En lo legislativo, las curules de paz han empujado iniciativas para darle continuidad y ajustes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son planes de inversión y transformación para municipios priorizados tras el Acuerdo. Esa agenda no es simbólica: apunta a plazos, reglas y ejecución de proyectos en zonas donde el Estado llega tarde o llega débil.
También han promovido una regulación más clara de las propias curules de paz para el periodo 2026-2030: quiénes pueden inscribir candidaturas, cómo se conforman las listas y cómo se entiende el sentido de reparación detrás del mecanismo.
Y hay un tercer resultado: trasladar el trámite a escenarios de audiencia pública en regiones CITREP, con discusiones asociadas a la Ley de Víctimas y a medidas de atención y reparación. Eso cambia el circuito habitual, donde muchas decisiones se toman sin escuchar a quienes viven el conflicto en la puerta de la casa.
Lo que no alcanzan por diseño
Una curul no ejecuta presupuesto ni reemplaza a las entidades que deben hacer obras, proteger líderes o garantizar servicios. Las CITREP pueden empujar proyectos, hacer control político y visibilizar problemas, pero su fuerza real depende de que el Estado convierta las decisiones en acciones.
Además, el tamaño del electorado está delimitado por la propia regla de votar solo en ruralidad. Ese marco reduce el margen para ampliar participación y vuelve más frágil la conexión entre representación y voto si no hay pedagogía clara en cada puesto.
¿Qué está en juego en 2026?
Lo que está en juego no es sólo quién se sienta en esas 16 curules. Es si la gente en los municipios CITREP logra votar sin trabas y con información suficiente, y si las campañas se pueden hacer en condiciones mínimas de seguridad.
Si la elección se concentra en pocos puntos o se vuelve confusa por el tarjetón aparte, el efecto es directo: baja participación y un mandato más débil para exigir resultados en PDET y en políticas de víctimas.
¿Qué sigue?
El proceso tiene pasos concretos: inscripción de listas con dos candidaturas, pedagogía sobre el tarjetón separado y organización de la jornada del 8 de marzo de 2026 en puestos rurales habilitados.
Luego viene lo más difícil, ya en el Congreso: convertir la presencia en incidencia medible. Menos fotos y más seguimiento a ejecución, más debates de control político con resultados verificables y más capacidad de sostener una agenda rural que no se diluya entre la política tradicional y los problemas de seguridad en territorio.
