En un audaz movimiento que podría redefinir la política antidrogas de Colombia, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, ha solicitado la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. Durante su intervención en el 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Sarabia argumentó que la hoja de coca, en su estado natural, no es perjudicial para la salud y que su potencial industrial podría ser aprovechado para debilitar el narcotráfico.
La ministra enfatizó que el narcotráfico ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo de Colombia, afectando a millones de campesinos, financiando grupos terroristas y devastando ecosistemas esenciales como la Amazonía. Sarabia propuso que, al desestigmatizar la hoja de coca y promover su uso en industrias legales, se podría reducir el control de los narcotraficantes sobre esta planta.
La hoja de coca ha sido utilizada durante milenios por comunidades indígenas de los Andes en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Estas comunidades emplean la hoja en prácticas culturales, medicinales y rituales, considerándola sagrada y beneficiosa para la salud. Además de sus usos tradicionales, la hoja de coca tiene aplicaciones industriales legales. Por ejemplo, en Perú, las hojas son adquiridas por la Empresa Nacional de la Coca y exportadas a Estados Unidos, donde empresas como Stepan Chemicals las procesan para producir extractos utilizados en bebidas como la Coca-Cola. Estos extractos son adquiridos legalmente con permiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sarabia sugirió que, al fomentar usos industriales de la hoja de coca, como en la producción de fertilizantes y bebidas, se podría ofrecer a las comunidades alternativas económicas legales, reduciendo su dependencia del narcotráfico. Esta estrategia busca transformar la percepción de la hoja de coca, desvinculándola de la cocaína y resaltando su potencial económico legítimo.
Esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico
La canciller destacó los logros de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, informando que, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, se han incautado más de 1,9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 215 mil kilogramos de base de coca y se han destruido 454 laboratorios clandestinos. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del país en combatir el tráfico de drogas y sus consecuencias.
Sin embargo, Sarabia reconoció que la represión por sí sola no es suficiente. Abogó por llevar recursos y proyectos de transformación territorial a las comunidades más afectadas por el narcotráfico, evitando que queden atrapadas en la violencia y el abandono. Esta visión integral busca abordar las raíces socioeconómicas que alimentan el cultivo ilícito de coca.
La ministra subrayó la importancia de la financiación internacional en la lucha contra las drogas, señalando que Colombia ha aportado 416 millones de dólares a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en la última década, siendo el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos. Sarabia hizo un llamado a que estos recursos se ejecuten con eficiencia, austeridad y generen un impacto real en las comunidades afectadas.
Sarabia enfatizó que reformar el régimen global de drogas no implica normalizar el narcotráfico, sino dotar a los países de herramientas más eficaces para combatirlo. Hizo un llamado a no repetir los errores del pasado y a reenfocar las políticas de drogas como una cuestión de vida y paz para Colombia.
La propuesta de la ministra Sarabia ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Mientras algunos países y organizaciones apoyan la iniciativa como un paso hacia políticas más humanas y eficaces, otros expresan preocupación por las implicaciones que podría tener en la lucha contra el narcotráfico.
La solicitud de Laura Sarabia de excluir la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas representa una apuesta audaz por transformar la política de drogas en Colombia y el mundo. Al reconocer los usos tradicionales y el potencial industrial de la hoja de coca, se busca debilitar al narcotráfico y ofrecer alternativas económicas legales a las comunidades afectadas, en un esfuerzo por construir una paz duradera y un desarrollo sostenible.
