Por primera vez en casi 30 años, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una medida que marca un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales entre ambos países. La decisión se fundamenta en el aumento récord de los cultivos de coca, que alcanzaron las 253.000 hectáreas en 2023, y en la percepción de que las políticas del gobierno de Gustavo Petro no han sido lo suficientemente efectivas para frenar la producción y el tráfico de drogas.
El senador Marco Rubio responsabilizó directamente al presidente Petro por esta situación, calificándolo como un “líder errático” que “no ha sido un buen aliado” en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico. Rubio destacó que, aunque las fuerzas de seguridad colombianas han trabajado de manera comprometida, las acciones del gobierno central no cumplen con los estándares que Estados Unidos exige a sus aliados en esta lucha.
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En su respuesta, Petro lamentó la descertificación y defendió los sacrificios de las fuerzas de seguridad colombianas, asegurando que su gobierno seguirá implementando estrategias para reducir los cultivos ilícitos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por el narcotráfico.
Analistas advierten que esta medida podría afectar la cooperación internacional de Colombia, incluyendo financiamiento de organismos multilaterales y programas de apoyo de EE. UU. Sin embargo, la administración estadounidense dejó abierta la posibilidad de revertir la descertificación si se observa un compromiso efectivo del país en los próximos meses.
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La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas genera preocupación política, económica y social. Según Washington, el país no ha cumplido con los estándares internacionales en control de drogas, erradicación de cultivos ilícitos ni cooperación antinarcóticos.
Aunque se mantiene una exención que garantiza la cooperación militar y antinarcóticos, la medida presiona al gobierno de Gustavo Petro a implementar estrategias más agresivas y mostrar resultados concretos. Los cultivos de coca alcanzaron niveles récord, mientras la política de “paz total” no ha logrado frenar el narcotráfico.
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Económicamente, la descertificación puede afectar la confianza de inversionistas, la percepción internacional y el turismo, condicionando futuros recursos según los avances del país en la lucha antidrogas. En materia de seguridad, el aumento de cultivos y producción de cocaína eleva el riesgo de violencia y fortalece a los grupos criminales, exigiendo coordinación entre fuerzas de seguridad, autoridades judiciales y comunidades locales.
Históricamente, Colombia había sido descertificada tres veces: en 1993, 1998 y ahora en 2025, siendo esta la primera en 30 años. Aunque no implica sanciones económicas inmediatas, la medida funciona como un fuerte llamado de atención internacional. El gobierno Petro deberá actuar con rapidez para recuperar la confianza internacional y enfrentar eficazmente el narcotráfico.
