En las últimas semanas, el caso de Adriana Díaz ha generado una oleada de atención en redes sociales y medios de comunicación en Bogotá. La mujer, que se ha hecho visible a través de videos publicados en sus cuentas personales, denuncia ser víctima de acoso, persecución y amenazas constantes en distintos puntos de la ciudad. Aunque las autoridades ya han intervenido, su situación deja más preguntas que respuestas.
Díaz ha documentado en múltiples ocasiones sus recorridos por centros comerciales, calles del centro de Bogotá y supermercados. En estos videos, que sube casi a diario, asegura sentirse vigilada por desconocidos, acosada por funcionarios de seguridad privada, e incluso seguida por la Policía Nacional.
En uno de los registros más comentados, Adriana acusa a una vigilante de reírse de su rostro y solicita intervención inmediata. En otros clips, afirma que los productos del supermercado han sido manipulados con sustancias que podrían hacerle daño y que las etiquetas de precios le envían mensajes subliminales.
¿Qué dicen las autoridades?
La Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado el pasado 14 de abril aclarando que Adriana Díaz fue atendida por su EPS e IPS el día 11 del mismo mes. Según la entidad, desde entonces se están adelantando acciones para brindarle una atención integral, dentro del marco de respeto por su privacidad médica.
Sin embargo, este pronunciamiento dejó una gran incertidumbre en la ciudadanía, ya que, al tratarse de información confidencial, no hay claridad sobre su diagnóstico ni sobre el tipo de intervención que está recibiendo. Esto ha generado preocupación, especialmente entre las personas que se cruzan con ella y no saben cómo actuar ante un posible episodio de crisis.
Aunque no se ha confirmado oficialmente, muchos de los comportamientos que Adriana exhibe en sus publicaciones digitales —como el sentimiento constante de persecución, la interpretación alterada de estímulos visuales y el tono paranoico de sus mensajes— apuntan a un posible trastorno de salud mental.
Este tipo de casos evidencian la necesidad de reforzar la atención psicosocial en contextos urbanos como el de Bogotá, donde el ritmo de vida y la falta de redes de apoyo pueden agravar situaciones delicadas.
La Secretaría de Salud ha reiterado que cualquier ciudadano que se sienta en crisis o requiera ayuda emocional puede comunicarse con la Línea 106, “El poder de ser escuchado”, o en casos de emergencia, marcar la Línea 123.
La exposición del caso de Adriana Díaz también ha abierto el debate sobre el rol de las redes sociales en situaciones de salud mental. Varios usuarios han manifestado su preocupación al ver que muchas de las interacciones con ella son grabadas y compartidas sin su consentimiento, lo que podría vulnerar aún más su estabilidad emocional.
Por ello, desde la Secretaría y diferentes voces expertas, se ha hecho un llamado a la empatía y la responsabilidad. Compartir contenidos sin contexto puede contribuir a la estigmatización y dificultar los esfuerzos por ayudar a personas con condiciones psiquiátricas.
Una incógnita que persiste
Pese a la atención institucional que ha recibido Adriana Díaz, su presencia en redes sociales continúa generando preocupación. Las denuncias que realiza, muchas veces sin evidencia, han generado confrontaciones con taxistas, transeúntes y personal de seguridad, aumentando el riesgo de un episodio de violencia involuntaria.
El Distrito ha intervenido, pero no ha sido suficiente para resolver las preguntas que rondan el caso. ¿Está recibiendo el tratamiento adecuado? ¿Existe un protocolo claro para atender a personas en condición de vulnerabilidad mental en espacios públicos? ¿Cómo debe actuar la ciudadanía cuando se encuentra con alguien en una crisis emocional visible?
