La familia de Miguel Uribe Turbay, a través de su equipo legal, hizo un nuevo pronunciamiento en el que, si bien reconoce los avances de la Fiscalía General de la Nación en el caso, insiste en que el gran desafío es identificar y judicializar a los autores intelectuales del asesinato.
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, destacó que las seis capturas y la reciente diligencia de adición de imputaciones representan logros importantes que, en décadas pasadas, hubieran sido impensables. Señaló que la coordinación entre el equipo de defensa y el ente investigador ha permitido un trabajo ágil, con reuniones semanales orientadas a fortalecer las líneas de investigación. Sin embargo, subrayó que la justicia real solo llegará cuando se reconozca la naturaleza del hecho.
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“La familia de Miguel Uribe Turbay pide justicia y esa justicia se materializa elevando este hecho atroz a un crimen grave bajo los estándares del derecho internacional penal. Es decir, el crimen de lesa humanidad. Está claro que este crimen se cometió por motivos políticos, fue sistemático y se atentó y cegó la vida de uno de los principales candidatos de la oposición a ocupar la presidencia de Colombia”, declaró Mosquera.
Denuncia contra “Zarco Aldínever”
Dentro de la estrategia jurídica, la familia presentó una denuncia penal contra “Zarco Aldínever”. El objetivo, explicó Mosquera, es que la investigación no solo se base en señalamientos públicos, sino en pruebas concretas, y que se extienda a todos los responsables materiales e intelectuales.
“El día de ayer presentamos una denuncia penal contra el Zarco Aldínever para que la Fiscalía General de la Nación no solamente investigue estos señalamientos que hace el ministro de Defensa y el director de la Policía, sino que eleve a categoría de crimen de lesa humanidad y que esto se extienda frente a los autores materiales y las demás personas que han estado involucradas en este hecho atroz”, puntualizó.
El abogado recalcó que la familia está abierta a que se revisen todas las hipótesis, pero se opone a que se difundan teorías en medios de comunicación sin sustento formal ante las autoridades competentes.
“Estamos en contra de la obstaculización del proceso o que se den teorías en medios, pero que no se soporten ante la Fiscalía General de la Nación. Por eso solicitamos a la Policía, al Ministerio de Defensa y a quien tenga pruebas reales de quién está detrás de este horrendo crimen, lo remitan a la Fiscalía”, insistió.
Un caso inédito en más de tres décadas
La familia subrayó que Colombia no enfrentaba un crimen de lesa humanidad con estas características desde hace más de treinta años. Por ello, consideran que el Estado tiene la obligación de investigar con el más alto rigor, aprendiendo de errores históricos y evitando que se repitan.
Según el equipo de defensa, este caso debe ser un ejemplo de cómo corregir las falencias que han marcado procesos similares en el pasado y servir como precedente para proteger la democracia y el Estado de Derecho.
Rechazo a declaraciones revictimizantes
En el comunicado también se rechazaron con firmeza las afirmaciones hechas por el alto funcionario Saade en los últimos dos meses, en las que sugirió que el senador “estaba caminando en Santa Fe” y comparó el atentado con “el riesgo de montar bicicleta”.
La familia considera que estos comentarios, así como otros provenientes del propio presidente, son inaceptables y contrarios al respeto que las autoridades deben a las víctimas y a sus familias.
Verdad, justicia y no repetición
Finalmente, la familia de Miguel Uribe Turbay y su equipo legal reiteraron que su objetivo no es buscar venganza, sino garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición.
“El caso marcará un precedente en la defensa de la vida, la democracia y el Estado de Derecho en Colombia”, concluye el pronunciamiento, que reafirma la determinación de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, con respeto por las normas y exigiendo el compromiso institucional para esclarecer plenamente el crimen.
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