La Red de Veedurías Ciudadanas prepara una nueva denuncia contra el empresario Emilio Tapia, ex socio de los hermanos Nule en el llamado ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá.
Los investigadores de esa Red encontraron que Tapia, a través de varias empresas a su nombre y otras cuyos representantes legales eran de Sahagún (Córdoba), la tierra de Tapia, suscribieron contratos de obra en los municipios de Chitaraque, Saboyá y Chiquinquirá (Boyacá); La Calera, Guasca y Gachetá (Cundinamarca), y en La Dorada (Caldas), donde se habrían cometido decenas de irregularidades que van desde la no terminación de obras hasta dilapidación de los anticipos.
La Red también encontró documentos de acuerdos privados firmados por Tapia con otros constructores, donde pactaban comisiones del 12 por ciento sobre algunas obras otorgadas por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. Uno de los contratos sobre los cuales habría llegado a pactos poco claros fue el Proyecto Comercial San Victorino en Bogotá.
El contratista Emilio Tapia está involucrado en uno de los más escándalos del 'Carrusel de la Contratación', las obras de la calle 26 de Bogotá.
Estos y otros documentos serán presentados en una denuncia penal por los delitos de concierto para delinquir, contratación sin el lleno de los requisitos legales, falsedad y posible enriquecimiento ilícito.
Por estos días, Tapia adelanta un preacuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de delatar a concejales de Bogotá, contratistas y servidores públicos del Distrito, quienes habrían participado en la consecución de contratos ilícitos de obras públicas y ambulancias, entre otros. Por ahora el empresario está libre, pero tiene asignada una numerosa escolta asignada por el Estado.
El contratista Emilio Tapia está involucrado en uno de los más escándalos del 'Carrusel de la Contratación', las obras de la calle 26 de Bogotá.
Estos y otros documentos serán presentados en una denuncia penal por los delitos de concierto para delinquir, contratación sin el lleno de los requisitos legales, falsedad y posible enriquecimiento ilícito.
Por estos días, Tapia adelanta un preacuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de delatar a concejales de Bogotá, contratistas y servidores públicos del Distrito, quienes habrían participado en la consecución de contratos ilícitos de obras públicas y ambulancias, entre otros. Por ahora el empresario está libre, pero tiene asignada una numerosa escolta asignada por el Estado.
