El contratista Emilio Tapia, protagonista de algunos de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, fue detenido nuevamente este 31 de octubre de 2025 por agentes de la Dijín de la Policía Nacional en el norte de Barranquilla. La captura se realizó en un centro asistencial, donde el empresario se encontraba tras sufrir un episodio de hipertensión.
Revocan su libertad condicional otorgada en abril
La detención de Tapia se dio en cumplimiento de una orden emitida el 10 de octubre por un juez de ejecución de penas de Bogotá, quien revocó la libertad condicional que le había sido concedida por una jueza en Barranquilla en abril de este año.
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El magistrado argumentó que el contratista “no ha demostrado resocialización y continúa siendo proclive a delinquir”, por lo que debía regresar a prisión.
Con esta decisión, el juez dejó sin efecto la medida emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, ordenando al Inpec hacer efectiva su captura y reclusión inmediata.
Los casos de corrupción que lo llevaron a prisión
Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el escándalo de Centros Poblados, un caso que implicó la presentación de garantías bancarias falsas para apropiarse de un anticipo de $70 mil millones de pesos destinados a llevar internet a escuelas rurales del país.
Además, el contratista enfrenta otra condena por el caso Emcali, donde aceptó cargos por la falsificación de documentos con el fin de adjudicarse contratos millonarios relacionados con plantas de tratamiento de agua.
La Fiscalía General de la Nación detalló en diciembre de 2024 que Tapia está vinculado a dos procesos contractuales en Empresas Municipales de Cali y a otros hechos de corrupción vinculados a manipulación de pólizas.
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Cumplirá condena de 17 años de prisión
La más reciente orden judicial exige que Emilio Tapia cumpla una condena total de 17 años de prisión, resultado de los procesos acumulados por Centros Poblados y Emcali.
El operativo de recaptura fue liderado por la Unidad Anticorrupción de la Dijín, con apoyo de la Fiscalía General, quienes trasladaron al contratista bajo custodia tras su valoración médica.
Con esta decisión, se cierra otro capítulo judicial para uno de los contratistas más polémicos de Colombia, cuya libertad condicional fue revocada por “poner en riesgo la confianza institucional y reincidir en prácticas delictivas”.
