Exactamente hace 40 años, empezaba el asalto al Palacio de Justicia. Un acto terrorista financiado por Pablo Escobar (dos millones de dólares de la época y armas provenientes de la Nicaragua Sandinista) y ejecutado por la guerrilla del M.-19 que, según el ministro de Gobierno de aquel entonces, Jaime Castro, aspiraba a pasar del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño. En su manifiesto, los guerrilleros, al servicio de los narcos, decían claramente que el objetivo era la toma del poder.
Dado que en vida el presidente Belisario Betancur (B.B) esquivó la responsabilidad política al decir que durante su retiro se dedicaría a la literatura (de cuño hispánica) y al arte, ha sido el ministro Jaime Castro quien ha decidido responder políticamente en algunas ocasiones.
“Con el pueblo, con las armas, ¡al poder!” era la insignia que los guerrilleros utilizaron para la toma del poder por medio de un acto abiertamente terrorista. Escobar, por su parte, buscaba frenar la extradición de los denominados “extraditables”. La confluencia de ambos objetivos se correspondió a fin de quebrar la institucionalidad y subvertir el orden político hacia un auténtico narco-Estado. Así, el M-19 se graduó de narco-guerrilla.
El ataque terrorista suponía un juicio contra B.B. como un acto del supuesto nuevo gobierno que iban a instaurar los guerrilleros a órdenes de Escobar. Incluso, un hecho que no se ha valorado mucho es que Jaime, hermano menor de B.B., estaba al interior de las instalaciones judiciales ese día. Personalmente, lo abordé en no pocas ocasiones cuando fue mi jefe. Tan esquivo como Belisario, nunca logré obtener de él una respuesta satisfactoria a mis múltiples interrogantes.
Volviendo a la crisis que aún no tomaba su forma definitiva, el Ejército, con el teniente coronel Plazas Vega al mando, se desplazaba con los blindados hacia la Plaza de Bolívar en espera de la orden de B.B. Cuando la Policía Nacional fue superada fácilmente por los terroristas, la caballería blindada rodeó las instalaciones judiciales y el general Arias Cabrales dio la orden de entrada. Hacia las 8 p.m. las tropas tuvieron que abandonar el Palacio porque los terroristas procedieron a incendiar los archivos de la extradición tal como lo habían acordado con Escobar. El Palacio se consumió en llamas.
A causa del fuego esparcido, las tropas tuvieron que retirarse hacia el puesto de mando (estratégico) de la operación (La Casa del Florero), donde surgió aquel episodio en el que Jairo Pulgarín, le preguntó al teniente coronel Plazas Vega: ¿qué hace el Ejército acá? Y descendiendo de su blindado (puesto de mando táctico) respondió enfáticamente: ¡defendiendo la democracia, maestro!
Ahora bien, Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados inmolados, ha confirmado que la Policía retiró el esquema de vigilancia de las instalaciones judiciales con lo cual despejó el camino para que los terroristas procedieran al asalto. Razón suficiente para que el Ejército interviniera. El mismo Medellín también se ha ratificado en que al magistrado Manuel Gaona lo asesinó Andrés Almarales del M-19.
Así como el objetivo de los narcoguerrilleros era asaltar el Palacio y, por esta vía, tomarse el poder Ejecutivo; con la operación de liberación, el Gobierno se trazó tres objetivos: recuperar el Palacio bajo el liderazgo militar del general Arias Cabrales, rescatar los más de doscientes rehenes que tenían los terroristas y mantener la democracia, la misma que intentaron subvertir los guerrilleros en asocio con los grandes capos de Medellín.
La crisis llegó a su máximo nivel por cuenta de la intransigencia de los terroristas que solo aceptaban un cese al fuego unilateral, es decir, que las FF.MM. detuvieran la operación de liberación mientras ellos le imponían todas las condiciones a B.B. Obtener de los enemigos todas las concesiones que ellos jamás les concederían ha sido un rasgo característico de los guerrilleros. Los terroristas jamás han tenido estatura de guerreros sino laya de criminales.
En plata blanca, el asalto al Palacio fue un acto de terrorismo urbano (inspirado en los Tupamaros y Montoneros) que tomó por sorpresa al Gobierno que se había focalizado en proteger personalmente a los magistrados y no a las instalaciones de la rama judicial que fue, por razones muy extrañas, descuidada. Los servicios de inteligencia de las FF.MM. también fallaron y el costo de la operación militar fue un implacable hostigamiento judicial por operadores judiciales, muy cercanos a la causa del M-19.
De hecho, el ministro Castro corroboró que el asalto pudo haber sido antes, pero dado que no tenían bombas antitanques, el asalto quedó aplazado. Días después, en la Corte Suprema se votaba la suerte judicial de los extraditables. Era el momento y así procedieron. Magistrados liberados en el asalto como Enrique Low Murtra y Hernando Baquero Borda fueron, poco tiempo después, asesinados por los mismos narcos.
Un acto delirante como este produjo que B.B. se negara a negociar porque creía que, si se negociaba, la guerrilla se tomaba el poder, entonces, ¿por qué si, en ejercicio de sus facultades, las FF.MM. cumplieron la orden presidencial han sido condenadas y perseguidas judicialmente? Las respuestas son obvias.
En medio de la crisis hubo dialogo, pero no negociación con los terroristas, quienes, a través de Luis Otero, le reiteraron al director de la Policía, el general Delgado Mallarino, “que habían ido a vencer o a morir”. Por ello, en medio de la turbulenta situación, presionaron al magistrado Alfonso Reyes Echandía para que presidiera un juicio contra B.B.
Igualmente, Reyes fue utilizado, incluso, para que detuvieran la operación militar de liberación. Un chantaje que, a pesar de todo, le cobró la vida al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Castro siempre ha dicho que el Gobierno no negoció simplemente porque detrás de todo estaba el narcotráfico. En eso hubo un acierto político.
Aunque Jaime Castro nunca ha atacado a las FF.MM, pues, ha considerado, por un lado, que siempre han sido respetuosos del poder civil yo si creo que, de otro lado, a él y a B.B. les faltó valor y coraje republicanos para no abandonar a los hombres que se jugaron todo el pellejo y, desatendidos por el mismo Estado, quedaron a merced del vampirismo guerrillero.
Las leyes de amnistía promulgadas posteriormente terminaron por cobijar un brutal acto de terrorismo y un delito contra la humanidad mientras que los militares fueron judicializados por lo que se conoce como los desparecidos del Palacio. Castro y Plazas Vega validarían que en esto hay más mito que verdad.
Castro también ha reiterado que, estando preso en la cárcel La Modelo, Petro amotinó a sus colegas de las FARC y en plan de fuga, como en el Bogotazo, se habían trazado salir a destruir la ciudad. Trasladado después a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Petro fue indultado y el resto es otro capítulo más de la Historia Universal de la Infamia.
En definitiva, el asalto al Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, fue la antesala a la toma del poder, concretizada en 2022, después de muchos intentos fallidos y de combinar todas las formas de lucha.
