El río Bogotá es el mayor testimonio de la crisis ambiental y política de la capital. El 28 de marzo de 2014, el Consejo de Estado ordenó la descontaminación integral de su afluente como un mandato jurídico inaplazable, una deuda histórica de Bogotá con el río y el resto del país, que ha sido afectado por las aguas no tratadas que desembocan en él.
Hace once años, el Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordenó la descontaminación integral, las exigencias eran claras: dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) serían la pieza clave para mitigar décadas de contaminación —la PTAR Salitre, encargada de tratar el 30 % de las aguas servidas, y la PTAR Canoas, el resto y el 100 % de Soacha—. Sin embargo, tras más de una década de la sentencia, Canoas sigue siendo una promesa incumplida y Salitre, un foco de irregularidades operativas. Lo que debía ser una gran solución ambiental se convirtió en un símbolo del fracaso político y administrativo de Bogotá.
Canoas: la obra fantasma más promocionada de Bogotá
La PTAR Canoas ha sido presentada por sucesivas administraciones como la solución definitiva para el saneamiento del río Bogotá. Pero más de una década después de entregados los estudios de detalle adelantados en la Administración Petro y provisionado gran parte de los recursos para su ejecución, hoy la obra no existe.
Muchas excusas se han escuchado sobre la incapacidad institucional para adelantar el proyecto, pero evidenciamos que la causa real es política acompañada de falta de coordinación interinstitucional, decisiones administrativas erradas que han multiplicado los sobrecostos, pérdida de la confianza ciudadana, sospechas de corrupción y cálculos político-electorales que han dilatado lo impostergable. En investigaciones periodísticas adelantadas en el año 2024, como la de Señal Colombia en coordinación con revista RAYA, se documentaron desvíos de más de $48.000 millones, evidenciando que hasta hoy no existe una sola condena contra empresarios vinculados o funcionarios.
Una promesa usada como bandera, y nunca izada
Durante la Administración Petro, se contrataron los estudios y diseños ambientales como parte del esquema de saneamiento y se dejó un cronograma claro para su ejecución, marcando el arranque más diligente del proyecto. Luego, en el período siguiente entre el 2016 y 2019, bajo la Administración Peñalosa, se rechazaron los primeros estudios y volvieron a contratar diseños en 2018 con el argumento de que los anteriores no estaban completos; por esta razón, en 2019, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca retiró su aporte por valor de $1,5 billones de cofinanciación por falta de diseños definitivos y por desconfianza frente al valor final de la obra presentada por Peñalosa.
Entre 2020 y 2023, bajo la Administración de Claudia López, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la licitación en julio de 2023 tras detectar cambios unilaterales en la estructuración financiera por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), un giro que detuvo en seco el proceso, una irresponsabilidad mayúscula por parte de López minando la transparencia del proceso.
Durante la Administración Galán, el Tribunal levantó la medida cautelar en septiembre de 2024. En febrero de 2025 la EAAB anunció las firmas precalificadas para la construcción y operación de la PTAR Canoas. En abril de 2025 se aseguraron los $7,63 billones para la obra y se esperaba iniciar la fase licitatoria en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, el Distrito decidió posponer para el primer semestre de 2026, sin razones técnicas claras y con un evidente costo de oportunidad ambiental.
Este recorrido confirma el patrón ya diagnosticado, grandes anuncios con intencionalidad claramente electoral, pero sin resultados concretos, actualmente no existe nada construido y esta obra ha sido usada como bandera mediática antes que como verdadera política pública ambiental.
El costo de la ineficiencia: sobrecostos, corrupción y la sombra de Odebrecht
El costo de Canoas pasó de $2 billones a más de $7,63 billones de pesos (constantes de 2023), este valor es casi el triple del valor inicial estimado. ¿Por qué este aumento? por la improvisación, duplicación de contratos y un historial de corrupción que arrastra el proyecto desde sus inicios.
En 2009, el consorcio Odebrecht–Conalvías–CSS Constructores recibió el contrato para la construcción del interceptor Tunjuelo–Canoas y la estación elevadora por valor de $243.000 millones de pesos. La obra debía terminar en 2012, pero quedó inconclusa, tras múltiples incumplimientos y con sobrecostos de $70.000 millones y una tuneladora abandonada a 70 metros bajo tierra, un monumento físico a la corrupción y negligencia.
Auditorías posteriores de la Contraloría encontraron hallazgos por más de $327.000 millones entre 2014 y 2018, relacionados con múltiples irregularidades en cronogramas, diseños y manejo de lodos. Estos hallazgos no han concluido en condenas penales, lo que evidencia la deficiente gestión administrativa, y la falta de seguimiento a la pérdida de recursos públicos. En 2020, una auditoría de la Contraloría General de la República a las PTAR Canoas y Salitre señaló deficiencias graves en la ejecución del Macroproyecto Río Bogotá, constituyó 17 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen posible connotación disciplinaria y cuatro presentan otras incidencias, estas fueron trasladadas a instancias competentes como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, pese a tanta evidencia, es alarmante que no haya responsables disciplinariamente, fiscalmente, penalmente, ni mucho menos políticamente.
El costo ambiental y social de la inacción
Mientras la PTAR Canoas es dilatada por las administraciones, millones de litros de aguas residuales se vierten al río Bogotá cada día, que impactan no únicamente lo ambiental, representan un riesgo para la biodiversidad y para la salud de millones de habitantes. La demora en la planta no es un trámite administrativo; es una omisión grave y deliberada que prolonga una agresión ambiental contra la ciudad.
La ciudadanía no puede aceptar más dilaciones, la PTAR Canoas debe ser objeto de veeduría social, auditoría independiente y control político efectivo, en especial cuando se inicie el proceso de licitación pública, solo así se evitará que la obra más necesaria de Bogotá y el país siga convertida en un botín político y en una promesa incumplida.
PTAR Salitre: la otra cara del fracaso
Mientras Canoas no nace, Salitre tampoco ofrece tranquilidad. En los informes de seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entre 2021 y 2024 se registraron retrasos prolongados en la implementación de medidas clave, entrega incompleta de información técnica y fallas persistentes en parámetros críticos como el control de olores, la gestión de biosólidos y el cumplimiento de límites para huevos de helminto. Estas omisiones no son simples deficiencias administrativas: representan un riesgo ambiental y sanitario sostenido que contradice los objetivos mismos para los cuales la PTAR fue diseñada.
La EAAB ha tenido dificultades para cumplir de manera completa con los requerimientos ambientales, tuvo demoras en la actualización del Plan de Contingencias, ha entregado información incompleta, tardo en la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de los parámetros de huevos de helminto por más de 6 años, lo que representó un riesgo para la salud pública debido a su potencial para causar infecciones parasitarias en humanos y animales, ha incumplido plazos reiteradamente y no ha cumplido a cabalidad con los procesos de compensación ambiental ni de reubicación de abejas. Lo que debía ser un modelo de eficiencia se ha convertido en otro ejemplo de improvisación y negligencia.
Las PTAR Canoas y Salitre son el reflejo de una misma crisis, la incapacidad de Bogotá para ejecutar proyectos estratégicos, que son necesarios para avanzar en la protección de la salud pública y de la biodiversidad, los gobiernos de tuno mantienen la herencia de Peñalosa del antojo voraz de la urbanización de sus riberas. El problema no es técnico, sino político, la corrupción, la descoordinación y los cálculos electorales han convertido al río Bogotá en víctima de promesas incumplidas.
El costo de esta negligencia es incalculable, el valor de Canoas se triplicó, Salitre incumple parámetros básicos, y el río Bogotá sigue recibiendo millones de litros de aguas residuales, que mantienen al río como uno de los más contaminados de América Latina. La ciudadanía no puede aceptar más dilaciones, se requiere veeduría social, auditorías independientes y un control político que no sea complaciente. Canoas y Salitre no deben seguir siendo botines electorales ni elefantes blancos, son la deuda histórica más grande que Bogotá tiene con su río y con el país.
